El Ayuntamiento de Barcelona, el más comprometido contra los paraísos fiscales según Oxfam

La ONG presenta estos dias la campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscales en varias ciudades. Intermón Oxfam ha presentado este martes la campaña Zonas Libres de Paraísos Fiscales (ZLPF) con el objetivo de que las instituciones públicas, como ayuntamientos y diputaciones, incorporen en sus políticas de contratación pública criterios que incentiven un comportamiento fiscal más responsable por parte de las empresas licitadoras.
 
La iniciativa también tiene por objetivo sensibilizar y movilizar a la ciudanía para que la apoye en el ámbito local. Hasta el momento ciudades como Barcelona, Zaragoza y Sevilla han aprobado una moción por la que se comprometen con esa iniciativa. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona es, a tenor de la ONG, el que más ha avanzado para convertirse en una administración libre de paraísos fiscales. Buen ejemplo de ello es cómo el pasado 19 de mayo aprobó un decreto por el que se regula no contratar empresas que desvían beneficios hacia paraísos fiscales para evadir impuestos.
 
El director de Cataluña de Oxfam Intermón, Francesc Mateu, ha asegurado en un acto en el consistorio que preside Ada Colau que “las contrataciones públicas en España equivalen al 25% del PIB. El papel irresponsable de las empresas en esta materia causa graves mermas en los recursos públicos necesarios para acometer políticas sociales”.
 
Entre las 25 ciudades que han aprobado la moción de Intermón para ser ZLPF no se encuentra Madrid, aunque sí acogerá actos de la campaña. De hecho, el concejal de Economía y Hacienda del ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado que “próximamente se incorporará en breve una cláusula específica para la contratación pública del Ayuntamiento de Madrid, sus organismos autónomos y empresas municipales. Las empresas que opten a contratos públicos deberán presentar declaración de que no han realizado  operaciones financieras consideradas ilegales en cuentas bancarias domiciliadas en paraísos fiscales. Se trata de un primer paso, dentro de las competencias municipales, que debería ir acompañado de una normativa estatal decidida contra los paraísos fiscales.”