Sindicatos, padres y alumnos presentan reclamaciones a la Asamblea de Madrid y al Defensor del Pueblo para detener la adjudicación de 47 directores de colegios madrileños. Al poco de conocer la adjudicación “a dedo”, como se conoce el movimiento en la comunidad educativa, de “47 directores en centros” de la Comunidad de Madrid por parte de la Consejería de Educación, sindicatos, estudiantes y padres comenzaron una contraofensiva para frenar la decisión. Un contragolpe que ha derivado en acciones judiciales, así como administrativas en varias instituciones como son el Defensor del Pueblo o la Asamblea de Madrid.
En esta semana, la intensidad de acciones se ha elevado por parte de la comunidad educativa. No solamente a nivel jurídico sino también en la calle. Las manifestaciones no se han detenido exigiendo el fin del “dedazo” de Cristina Cifuentes, como la de este jueves frente a la sede de la DAT-Sur en Leganés. De hecho, como ha confirmado CCOO a ElBoletín.com, el Gobierno regional ha comenzado a dar marcha atrás en algunos colegios como el de Bustarviejo o el Miguel Hernández de Getafe.
Concentración en dat sur contra el dedazo pic.twitter.com/7Vm8MJ0YBd
— jesus bejar (@jesusbejar2) 28 de julio de 2016
Pero no es suficiente. Por ello, CCOO ha presentado ante el Defensor del Pueblo una reclamación ante las actuaciones “poco democráticas” de la Consejería de Educación al vulnerar varios derechos y principios fundamentales como es el caso del derecho a la participación que tienen los españoles en la Constitución Española. A su vez, al sindicato también le tambalea el principio de legalidad vigente con este procedimiento al asegurar que los directores se eligen “sin criterio alguno” y “de manera arbitraria” por las diferentes las respectivas direcciones de área territorial de la Consejería.
Isabel Galvín, secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO Madrid, asegura a ElBoletín.com que los suspensos con los que la Comunidad de Madrid basa la falta de candidatos vienen de un Consejo conformado por miembros “a dedo” . “Hemos denunciado que no se cumple la transparencia necesaria”, incide Galvín. “Esta comisión puede valorar incluso a un candidato que lleva seis años formando parte del centro con un cero, lo que automáticamente queda descartado para dirigir el colegio. Todo ello sin necesidad de justificar los motivos por los que le otorgan dicha calificación”.
Un procedimiento que el sindicato espera que analice el Defensor del Pueblo, así como la Asamblea de Madrid con la que ya se ha reunido la comunidad educativa, englobada en la Plataforma Regional por la Escuela Pública. Las organizaciones presentes en dicha plataforma ya solicitaron la semana pasada al Parlamento madrileño que “realice las actuaciones necesarias” para que la Comisión de Educación debata la situación del “dedazo”, así como que el mismo órgano “tramite las comparecencias” de las entidades educativas necesarias para que los diputados “escuchen la posición de la comunidad educativa madrileña, de forma que puedan extraer conclusiones sobre el tema en cuestión y, con ello, elaborar propuestas legislativas dirigidas al Gobierno Autonómico”.
