UGT denuncia que la Consejería de Educación designa directores de colegios e institutos públicos “sin escuchar ni respetar la voluntad de la comunidad educativa”. El Gobierno de Cristina Cifuentes está utilizando la LOMCE, la polémica ley de Educación que impulsó el exministro José Ignacio Wert, para quitar a los claustros de los colegios e institutos públicos el poder de elegir a sus directores, según denuncia UGT, que se queja de que en una veintena de centros de la Comunidad de Madrid se están designando directores “a dedo” por parte de la Administración “sin escuchar ni respetar la voluntad de la comunidad educativa de los centros”.
El sindicato explica que la Consejería de Educación “ha empleado diferentes vías, en el último día lectivo, para notificar la supresión de las direcciones de diversos centros”, precisando que “ha utilizado los retrasos en la presentación de proyectos directivos; no ha respetado la costumbre por la cual cuando se jubila un director, un miembro de su equipo le sustituye; el cese de la dirección escolar para imponer direcciones ajenas al centro, que nunca podrán garantizar del mismo modo la continuidad del proyecto educativo del centro, restando estabilidad y seguridad sobre el mismo a la totalidad de la comunidad educativa”.
Otra vía empleada, según la organización sindical, ha sido la aplicación de la LOMCE “de la forma menos democrática y participativa posible”. Aclara que “para la elección de director de centro, se constituye una comisión de cinco miembros. Tres ajenos al centro designados por la Dirección General de Recursos Humanos a propuesta de la dirección de la DAT: un inspector, un director de otro centro y un miembro designado por la Consejería. A estos tres hay que sumarle un miembro del claustro, más algún miembro del Consejo Escolar. Este mecanismo supone en la práctica que la mayoría de la comisión evaluadora esté en manos de la Administración y que, por tanto, designe a los directores sin que la comunidad educativa del centro tenga un peso determinante, como ha ocurrido en el IES Antonio Domínguez Ortiz”.
Para UGT esta “es una situación intolerable, pues de llevarse a cabo estos planes, la Consejería de Educación establecería el antidemocrático turnismo”.
Haciendo hincapié en que “conforme a la LOMCE, el poder político elegiría sus directores, como ahora está haciendo, para posteriormente estos seleccionar sus plantillas en aplicación del Artículo 122 bis de la citada ley orgánica, con lo que se acabaría con la neutralidad, sentido de servicio público y transparencia de la función pública, dando marcha atrás a las ruedas de la historia en un par de siglos”.
El sindicato critica que en “todos estos centros se ha acabado con las direcciones sin escuchar a los claustros ni a las familias, sin escuchar a la comunidad educativa del centro, e imponiendo desde fuera, de una forma antidemocrática una dirección ajena al centro”. Haciendo notar que “casualmente” muchos de ellos han resistido los recortes con determinación como el CEIP Miguel Hernández de Getafe donde llevan años luchando para que no les cierren aulas; el CEIP José Bergamín de Fuencarral-El Pardo donde esta primavera se movilizaron porque se les anunció que les iban a fusionar con el CEIP República de Paraguay o el CEIP Vasco Núñez de Balboa que lleva cinco años luchando contra su cierre. Por no hablar el CEIP Montelindo de Bustarviejo, centro en el que los padres se negaron a llevar a sus hijos a la prueba de final de Educación Primaria”.
Por ello, UGT demanda “la vuelta al criterio participativo y democrático por el cual es la comunidad educativa del centro (profesores, familias, alumnos) quien elige a sus equipos directivos; la restitución a sus puestos de responsabilidad de los compañeros que mejor pueden llevar a cabo la labor de dirección y el respeto al natural discurrir de la vida orgánica de los centros en la sucesión de sus órganos, sin atropellos ni aventuras”.
