En Comú Podem ficha a Falciani para recuperar los 130.000 millones anuales de fraude y corrupción

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En Comú Podem ficha a Falciani para recuperar los 130.000 millones anuales de fraude y corrupción

Hervé Falciani

La confluencia catalana de Unidos Podemos pide proteger a los denunciantes, prohibir las puertas giratorias “Protección de denunciantes en casos de corrupción, prohibición de las puertas giratorias y no reconocer a las sociedades en paraísos fiscales”. Son las propuestas claves que hoy presenta el cabeza de lista de En Comú Podem, Xabier Domènech, junto al exinformático del HSBC Hervé Falciani.

El líder de la confluencia catalana de Unidos Podemos se ha mostrado “enormemente orgulloso” de poder contar con el asesoramiento del informático ítalo-francés que filtró información de más de 130.000 evasores fiscales que ocultaban fondos en Suiza y que dio nombre a la llamada ‘lista Falciani. Domènech ha calificado de “sistémica” la corrupción en España: “Nos gobierna el más corrupto del Estado y de los más corruptos de la UE, que está imputado como partido”, ha atacado al PP. “Un partido calificado como banda organizada no puede ser creíble en la lucha contra la corrupción”, ha espetado.

En este sentido, En Comú Podem se hace eco del cálculo de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que estimó en 44.000 millones de euros la pérdida anual por prácticas de corrupción y mala gestión en la contratación pública, además de los 88.000 millones que, se calcula, puede llegar a costar el fraude fiscal. «Sólo solucionando estas cuestiones no se tendrían que haber hecho los recortes que hemos sufrido», sentenció Domènech, refiriéndose a los más de 130.000 millones de euros que pueden ser objeto de esta lucha según ese cálculo.

Contra ello, la candidatura catalana propone en su programa un anteproyecto de ley para garantizar la protección especial a las personas que denuncien casos de corrupción ya en el primer año de la legislatura. Se trata de garantizar su “asistencia jurídica adecuada” desde el momento de la denuncia, asistencia médica y psicológica y el blindaje del puesto de trabajo del denunciante, además de la creación de un observatorio independiente contra la corrupción.

Además, la lista catalana quiere prohibir que cualquier excargo electo participe en consejos de administración de empresas que operen en sectores estratégicos del Estado, para evitar las llamadas puertas giratorias. Y apuesta por seguir el camino impuesto por Ada Colau en Barcelona: fijar que ninguna empresa pública pueda contratar con la Administración si desvía fondos a paraísos fiscales par evadir sus obligaciones tributarias o legales, así como las que estén participadas por personas condenadas por corrupción.

Otras medidas se refieren a la reforma del régimen de aforamiento de los cargos públicos para eliminar ese privilegio en todo aquello que no tenga que ver con las funciones del puesto público, alargar la prescripción de los delitos de corrupción de cinco a un mínimo de 10 años, incrementar el personal de la Agencia Tributaria para hacer aflorar el fraude fiscal y no reconocer la personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales.

Falciani, por su parte, ha asegurado que tales medidas “favorecen la inversión” y “ayudan a la economía”. Ha subrayado la importancia de crear de leyes de transparencia, pues «saber quién trabaja con quién es central en esta lucha», y también de proteger a los denunciantes, como propone la candidatura de confluencia: «Uno de los mayores desafíos es saber aprovechar la información cuando la tenemos; esto significa proteger a las fuentes», sentenció.

Falciani ha confesado estar «orgulloso» de poder compartir su trabajo contra la evasión y el fraude fiscal con la candidatura de En Comú Podem. Lo ha calificado como un intercambio de conocimientos sobre lucha contra la corrupción que ha enmarcado en el «sentido de ciudadanía». Además, ha mantenido que el gobierno municipal de Barcelona «es un ejemplo» en la lucha contra el fraude, en referencia a medidas como la prohibición de contratar con empresas que operen en paraísos fiscales, unas iniciativas que, afirmó, «ayudan economía «, porque la corrupción, la evasión y el fraude fiscal» la detienen».

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