Compañías como Sinergia o Marsegur se descuelgan del convenio colectivo para pujar a la baja en contratos públicos y pagar hasta un 30% menos a sus trabajadores. Tanto Marsegur como Sinergia son las empresas mejor posicionadas para cubrir el servicio de vigilancia de tres consejerías madrileñas, según ha podido saber CCOO. Y han sido admitidas como adjudicatarias a pesar de incumplir reiteradamente el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada: los vigilantes cobrarán hasta un 30% menos de lo que marca la ley si resultan ganadoras. En juego quedan contratos de vigilancia estimados en alrededor de 1,2 millones de euros por cada seis meses de servicios.
Sinergia y Marsegur son dos de las conocidas como ‘empresas piratas’ de la seguridad, llamadas así por los trabajadores y sindicatos del sector por incumplir el convenio para ofertar a la baja en las licitaciones públicas. “La Administración contrata a la empresa más barata sin importarle que no pague los salarios o no cumpla con la legislación”, denuncia CCOO.
El sindicato recuerda que el problema no es nuevo, y que la Comunidad de Madrid se comprometió a expulsar de los concursos públicos a las empresas incumplidoras. No obstante, la Proposición no de Ley para exigir unos mínimos en los contratos de vigilancia bajo el Gobierno de Cristina Cifuentes aún sigue en trámite.
“A la espera de que la ley se materialice, la Administración se comprometió ante el Instituto Laboral a que la nueva adjudicataria cumpliera el Convenio Colectivo estatal así como a escuchar a los representantes sindicales con anterioridad a una nueva contratación”, denuncia el colectivo, que ve ahora frustrados sus intentos de que los vigilantes privados en dependencias públicas no vuelvan a cobrar 700 euros al mes, casi un tercio menos de lo fijado en el convenio.
Además, ambas empresas han sido denunciadas por las plataformas sindicales del sector. En el caso de Marsegur, la Audiencia Nacional calificó de nulo el convenio defendido por la empresa para prestar el servicio, aunque la compañía lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo, según CCOO. Marsegur es una filial de Seguridad Integral Canaria, firma conocida en los tribunales por delitos imputados a su presidente, Miguel Ángel Álvarez.
Los representantes sindicales recuerdan que durante este año ya se produjo una adjudicación a una de las empresas ‘pirata’ por un procedimiento de urgencia y solo por tres meses. Pero denuncia que la Comunidad siga contando con firmas que se descuelgan del convenio al que tienen derecho sus trabajadores ahora que se abre un nuevo plazo ordinario. “La Administración parece olvidarse de sus compromisos y vuelve a cometer los mismos errores”, critica CCOO.
Tanto esta plataforma como los demás sindicatos del sector han registrado un escrito mostrando su preocupación por las licitaciones para la vigilancia de las sedes de la Consejería de Presidencia, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y la de Cultura y Turismo. Calculan que las adjudicaciones para los contratos se conocerán al final de esta semana y exigen “que se contraten empresas que cumplan con la legislación vigente y respeten los derechos de laborales”.
