La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos ha preguntado al Ejecutivo español su opinión sobre la liberalización de los servicios básicos o la negativa a reconocer expresamente las normas de la OIT. El Tratado de Libre Comercio con EEUU ( TTIP ) no es el único que amenaza los estándares comunitarios. Asimismo, el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA), también podría recortar servicios públicos y derechos universales, hasta equipararse con los del país americano, en caso de ser aprobado. Así lo ha recordado la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), que ha solicitado a CCOO que pidiera al Gobierno español que se pronunciara sobre las cláusulas más controvertidas del CETA.
Y es que, aunque menos mediático, este tratado de comercio e inversiones sería igual de perjudicial para los derechos sociales y laborales que el famoso TTIP. De hecho, en caso de tumbarse este último por la presión social, el CETA, que se terminó de negociar en secreto en el año 2014, podría tirar por tierra el trabajo de todas las asociaciones que han intentado mantener a Europa ‘libre’ de estos tratados.
Así, el sindicato español ha preguntado al Secretario de Estado de Comercio en una carta sobre cinco cuestiones. La primera, la falta de protección a los servicios públicos. El Parlamento Europeo ya advirtió de que el CETA no protege suficientemente los beneficios estatales que han adquirido los ciudadanos comunitarios a lo largo del tiempo, por lo que recomendó a la Comisión dejarlos fuera del acuerdo.
La segunda, la creación de una ‘lista negativa’. Tal y como ha explicado CCOO en su misiva, esto significa que “todos los servicios serán objeto de liberalización del mercado salvo que estén explícitamente excluidos” del tratado. Una cláusula que también impediría la renacionalización de estos servicios, aunque se demostrara su fracaso.
La tercera cuestión sobre la que se debería pronunciar el Gobierno de Mariano Rajoy, o posiblemente el que emane de la próxima cita con las urnas, es relativa a los servicios universales. El CETA no obliga a los estados a garantizar a sus ciudadanos los servicios básicos a precios asequibles, tales como las viviendas o la energía. Un cuestión que se podría contestar sólo atendiendo a los cortes de luz y a los desahucios que se ejecutan diariamente en España.
La cuarta cuestión es relativa a las disposiciones sobre la protección de la inversión a largo plazo. Para CCOO, esto significa que los inversores tendrían más derechos que otros colectivos sociales, por lo que sus intereses económicos se podrían imponer sobre las necesidades de los ciudadanos.
El quinto pronunciamiento apunta a una posible violación de los derechos humanos. Los sindicatos europeos aseguran que el tratado entre la UE y Canadá no blinda los derechos más fundamentales ni garantiza el respeto a las normas básicas de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que los logros comunitarios en el ámbito europeo podrían acabar bajo tierra.
