Si los nueve ediles pasan a ser “no adscritos” dejarían de tener una serie de privilegios que sí tienen los regidores que se mantienen dentro de un grupo municipal. El ‘tira y afloja’ entre el Partido Popular y sus concejales valencianos imputados por el caso Imelsa toma una nueva dimensión. Tras negarse a presentar sus dimisiones, el PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha remitido una carta a los nueve políticos en la que les insta a entregar sus actas en 10 días hábiles. En el caso de que se nieguen, la formación tomaría cartas en el asunto y los regidores pasarían a ser “concejales no adscritos”.
La cuenta atrás del ultimátum empieza a correr mañana, día que la misiva llegue por correo certificado a los ediles investigados. Europa Press ha podido conocer el contenido del escrito y en este se recuerda a los concejales lo que pactaron con la dirección regional del partido el pasado mes de febrero: si el juez les mantenía como imputados tras levantarse el secreto de sumario, entregarían el acta.
Justo hace una semana, el portavoz del PP en Valencia, Alfonso Novo, también implicado en el supuesto blanqueo de capitales, recordaba a la dirección del partido que sin apertura de juicio oral no hay obligación de dejar el puesto político. Así como que no existen “pruebas de cargo ni datos que demuestren comisión de delito, solo declaración de testigos”.
Una opinión de Novo que ya anticipa la postura que tomará él y sus compañeros al recibir la carta del PPCV. Por ello, el paso a tomar por la formación sería dejarles como “concejales no adscritos”, y por ende, sin una serie de ‘privilegios’ que sí cuentan aquellos que están integrados en un grupo.
En el caso de que finalmente se lleve a cabo la decisión, se revisarían las retribuciones económicas que recibirían los nueve ediles, la participación que tendrían en ciertos organismos del Ayuntamiento y perderían la remuneración que percibe el grupo municipal, al no existir tal. También no podrían disfrutar del derecho a tener un despacho, aunque esto no les exime de poder consultar cualquier información. Los asesores son otra de las cosas que dejarían de tener.
Por el contrario, sí pueden participar en plenos, comisiones y otros órganos de trabajo, pero no en organismos autónomos del consistorio como la EMT, el Palau de la Música, la Fundación Deportiva Municipal o la de Jardines. Su intervención en esos plenos también se vería modificada ya que se tendrían que reordenar y reorganizar los tiempos de intervención entre los nueve ediles no adscritos.
