El envejecimiento de la plantilla pública central apunta al colapso del sistema en la próxima década, al acercarse la jubilación de tres de cada cuatro funcionarios y contratados. El envejecimiento de la plantilla pública está conduciendo al colapso a la Administración General del Estado (AGE). Solo hay que observar los datos del último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones públicas para obtener datos tan demoledores como este: la Administración central cuenta con más del doble de empleados mayores de 64 años que de trabajadores menores de 30. En números, hay 1.139 empleados públicos que aún no han cumplido 30 años, mientras que 2.864 trabajadores son mayores de 64 y rozando la edad máxima de jubilación.
Sin embargo, el dato más preocupante está en las jubilaciones que pueden producirse durante los próximos diez años, dado el gran volumen de trabajadores a los que afecta, casi tres de cada cuatro. Según los últimos datos de esta estadística, de julio de 2015, el 62% del personal al servicio de los Ministerios y organismos dependientes de la Administración central son mayores de 50 años. Apenas dos años antes representaban un colectivo mucho menor, de un 42% de la plantilla.
La destrucción de empleo público y la congelación de las contrataciones durante la crisis han contribuido a este alarmante envejecimiento. En 2010, el total de empleados al servicio del nivel central de la Administración superaba las 223.000 personas. Según los últimos datos, la actual plantilla se sitúan en unas 195.000 personas, casi un 13% menos y más de 28.000 trabajadores perdidos durante la crisis económica.
El grueso de la plantilla pública, englobando al personal de las comunidades autónomas, locales y las universidades, cayó durante cuatro años consecutivos desde 2010, cuando se experimentaron los máximos históricos. La mayoría de esas pérdidas de trabajo se han dado por la jubilación de trabajadores. A tenor de las políticas de recortes durante la pasada legislatura y el fin de la anterior, esos trabajadores dejaron de ser reemplazados y la contratación pública, por norma, quedó congelada.
El Gobierno del PP solo respetó la tasa de reposición para los servicios esenciales como educación, sanidad o fuerzas de seguridad del Estado. Pero la tasa de reposición se situó, por norma, en un 10%, es decir, por cada diez empleados que salían de la plantilla, se reponía uno. Durante 2015 se anunció que esa tasa pasaba a ser del 20%. Para el resto de las administraciones públicas, la contratación sigue congelada.
Es el caso del nivel central, donde cabe preguntarse qué tipo de tasa de reposición será ahora necesaria, teniendo en cuenta el gran envejecimiento de la plantilla en menos de una década.
