La exalcaldesa de Valencia es actualmente senadora: la Constitución y el Código Penal obligan a una autorización de la cámara para detener a los aforados. “Los Diputados y Senadores sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito”, se lee en el segundo punto del artículo 72 de la Constitución Española. El aforamiento de los representantes en Congreso y Senado no pueden ser inculpados y procesados sin una autorización de la cámara parlamentaria a la que pertenecen.
Este privilegio se traduce en que la exalcadesa de Valencia, Rita Barberá, no podría ser detenida en mitad de una operación anticorrupción como la que ya se salda con unos 24 detenidos por una presunta trama de comisiones ilegales vinculada a instituciones gobernadas por el PP en Valencia. No al menos sin que el Tribunal Supremo pida para ello autorización al Senado, puesto que Barberá ocupa actualmente uno de sus sillones.
El único caso en el que se podría detener sin el permiso del Supremo a una figura aforada sería en el supuesto de “flagrante delito”; es decir, si la Guardia Civil encontrara a alguna figura como Barberá cometiendo el delito en ese mismo momento. En caso contrario, se requiere un “suplicatorio” del Senado para no incurrir en un delito de detención ilegal.
Sea o no intención de la Guardia Civil inculpar directamente a Barberá en la red de corrupción internacional contra la que se ha lanzado esta macro operación, la realidad es que el entorno más cercano al cargo de la exalcaldesa está ya viéndose afectado por los registros. Entre los detenidos se encuentra Alfonso Rus,expresidente de la diputación y exalcalde de Xátiva, y el que fuese jefe de su gabinete en la diputación, Emilio Llopis. También ha sido detenida María José Alcón, exconcejal del PP del Ayuntamiento de Valencia y exasesora de la senadora aforada. Alcón está casada con Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgado por su participación en el caso Nóos.
Pero, más cerca aún de Barberá, la redada se ha saldado con la detención de María del Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y considerada como la ‘mano derecha’ de la exalcaldesa valenciana.
Se investiga una presunta red internacional de pago de comisiones para cobrar mordidas de contratos públicos en adjudicaciones millonarias. Afecta a varios ayuntamientos, incluido el de Valencia, la Generalitat y la Diputación de la Comunidad Autónoma.
