El sindicato de los funcionarios hace cuentas sobre la salud del sector público y la calidad del trabajo que crea tras la crisis, y advierte de que «la Administración está bajo mínimos». La contratación pública en España ha perdido en cantidad y calidad durante la crisis económica, a tenor de los últimos datos del Registro Central de Personal. Las administraciones se han dejado un total de 155.841 trabajadores desde enero de 2010, lo que se traduce en que el país ha perdido 78 empleados públicos al día desde hace cinco años.
“La Administración está bajo mínimos”, advierte el sindicato CSIF, que también denuncia la temporalidad del empleo público creado recientemente. Los contratos de menos de seis meses son el doble en 2015 que el año anterior. Advierte además de que 120.000 personas se jubilarán en los próximos 10 y 15 años.
El número de empleos públicos perdidos equivale a la población de ciudades como Logroño o Salamanca. Pero si se atiende al sector en su sentido amplio y se contabilizan las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas, la caída es mucho mayor: 320.200 puestos de trabajo menos, en este caso respecto al último trimestre de 2011, cuando se acelera la destrucción de empleo.
Volviendo a la Administración General y por categorías, CSIF denuncia que “se han perdido 11 profesores al día, 5 sanitarios, 6 militares o 6 carteros”, ejemplifica. En el colectivo de la enseñanza los cinco años estudiados se han saldado con 22.366 profesores menos. En el ámbito sanitario se han perdido más de 9.300 puestos de trabajo, y las Fuerzas Armadas se han desplomado con la pérdida de 12.257 empleos.
Según los mismos datos, se ha producido una merma de 3.224 efectivos en los ámbitos de la Seguridad Social y de 1.351 en la Agencia Tributaria, “un personal fundamental para la concesión de prestaciones sociales a los españoles, en un periodo muy grave de crisis económica, y para la lucha contra el fraude fiscal”, denuncia el sindicato.
En cuanto a la calidad del empleo creado, la tasa de temporalidad ha alcanzado al 22% de la plantilla pública: a día de hoy hay 658.000 trabajadores temporales, mientras que hace dos años esta cifra se situaba en 559.000.
Por su parte, el último Boletín Estadístico muestra cómo el personal con contrato de duración inferior a seis meses en ministerios y agencias estatales es más del doble de seis meses hasta hoy: han pasado de 805 a 1.860. “Esta situación, unida a la no reposición de plazas del personal que se jubila responde a un plan premeditado de reducción de empleo por parte de nuestros representantes políticos”, critica CSIF.
El empleo público, fuera del carro de la ‘recuperación’
En términos de Seguridad Social y según los últimos datos correspondientes a 2015, en contra de la tendencia general, el sector de la Administración Pública se queda fuera de la creación de empleo, con 13.162 puestos de trabajo perdidos a lo largo de 2015. De hecho, es el sector con mayor número de bajas en la Seguridad Social en la economía española en el último año, según datos del sindicato.
Destaca el ámbito de la Educación, que sufre durante los meses de de junio, julio y agosto la baja, de manera estacional, de cerca de 200.000 empleos. “Muchos de ellos después son contratados con contratos por días o incluso por horas”, denuncia la plataforma. Las fluctuaciones de personal interino en Sanidad tambíen apuntan a un déficit de personal de en torno a los 54.000 profesionales durante los meses de invierno, “una época en la que se produce tradicionalmente la campaña de la gripe, con colapsos en las urgencias”, critica el sindicato en un comunicado.
A tenor de todos estos datos, el sindicato urge a las diferentes fuerzas políticas a posicionarse. Iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que incluyan en sus conversaciones la necesidad de un pacto en materia de Administraciones Públicas. “Este pacto debería incluir de entrada un Plan urgente de recursos humanos para determinar las necesidades de las plantillas y convocar una oferta de empleo público acorde a la situación”. También reclaman la recuperación del poder adquisitivo perdido, la devolución íntegra de la extra eliminada en 2012 y las condiciones laborales dañadas durante estos años, como los descuentos por baja médica.
