Cinco millones de euros en subvenciones sin justificar en la Asamblea de Madrid

Noticias Madrid

Cinco millones de euros en subvenciones sin justificar en la Asamblea de Madrid

Asamblea de Madrid

La Cámara de Cuentas culpa al legislativo madrileño de no desarrollar un reglamento para exigir que los grupos parlamentarios PP, PSOE, IU y UPyD rindieran cuenta de sus subvenciones entre 2011 y 2013. “Cada Grupo Parlamentario deberá llevar una contabilidad específica de las subvenciones” que “será puesta a disposición de la Mesa siempre que ésta lo demande”, se lee en el Reglamento de la Asamblea de Madrid. Sin embargo, la Cámara de Cuentas de la región ha sacado los colores a los cuatro grupos parlamentarios del legislativo madrileño entre 2011 y 2013: PP, PSOE, IU y UPyD no justificaron debidamente en qué gastaron las subvenciones otorgadas por la Asamblea, que dejó en manos de los cuatro partidos unos once millones de euros a lo largo de los tres años fiscalizados.

El informe de la Cámara de Cuentas también culpa a la propia Mesa de la Asamblea por no desarrollar “instrucciones más precisas” para definir en qué se pueden gastar las subvenciones y cómo deben justificarse. “Se observa que determinados tipos de gastos, como los de comunicaciones o material de oficina, son asumidos también directamente por el presupuesto de la Asamblea de Madrid”, indica el informe como ejemplo de la laxitud con que la cámara regional fiscaliza sus ayudas a los grupos parlamentarios.

La distinción entre “grupo parlamentario” y “partido” parece ser uno de los conceptos más problemáticos. Las cuatro formaciones presentes en la cámara hasta la pasada primavera acostumbraban a transferir buena parte de la ayuda de la Asamblea a cuentas bancarias de titularidad del partido.

El informe encuentra que los populares traspasaron a su partido 857.239 euros cuyo destino no ha sido desglosado, el 28% del total de las ayudas. El informe también destaca que en la categoría de “Gastos de Informes y Estudios” de 2013 “se incluye una única factura, emitida por una agencia de publicidad”, mientras el grupo gastó en este apartado más de 92.000 euros. Sobre el PSOE, el grupo parlamentario traspasó al PSM (su federación madrileña) el 96% de las subvenciones. De esa cantidad, hasta 1,5 millones se fueron a gastos de personal, pero otros 1,2 millones no han sido justificados.

Izquierda Unida dedicó el 20% de sus subvenciones a personal y el resto a “gastos de actividad”. De esta segunda partida, el 90% se traspasó a IU-Madrid, por lo que 1,6 millones de euros de las subvenciones de la formación no dejaron huella. Respecto al grupo parlamentario de UpyD, los traspasos al propio partido se quedaron con el 67% del total, cerca de 1,1 millones en los tres años. En total, cerca de cinco millones de euros en subvenciones a grupos han quedado sin «contabilidad específica».

De esta forma, los ciudadanos no pueden saber en qué se emplean las subvenciones, ni tampoco la Cámara de Cuentas, único órgano que pide explicaciones por este tipo de ayudas. En la práctica, las ayudas aportadas a los grupos para su funcionamiento en la cámara acaban derivándose a actividades del propio partido. Aunque el informe reconoce que la ley de partidos contempla estos movimientos, entiende que toda subvención de la Asamblea de Madrid debe justificarse en “su totalidad, con independencia de que su importe pueda transferirse instrumentalmente al partido político correspondiente”.

En total, los populares recibieron en los tres años fiscalizados más de 4,5 millones de euros; el PSOE más de 2,9; a Izquierda Unida correspondieron 1,9 millones y a UPyD 1,6 millones de euros. Esas cantidades están destinadas al pago de ciertas retribuciones de los diputados y a toda aquella necesidad del grupo parlamentario para su correcto funcionamiento. Al margen, la Asamblea costea multitud de gastos en concepto de mantenimiento y reparación de espacios y maquinaria, material de oficina, suministros, servicios de telecomunicaciones, inversiones en mobiliario y equipos informáticos y un largo etcétera del que los grupos no tienen que preocuparse.

Enfermedad común en las cámaras españolas

Es una disfunción que viene de largo y que no solo afecta a Madrid: en 2001, el Tribunal de Cuentas denunciaba “el frecuente traspaso a la actividad ordinaria de las formaciones políticas de importes significativos de recursos provenientes de las subvenciones para el desarrollo de la actividad parlamentaria” en el Congreso. Admitía que tales transferencias pueden responder a un normal intercambio de servicios y “asistencia técnica” entre el partido y el grupo parlamentario. Pero tanto el Tribunal como la Cámara de Cuentas coinciden en reclamar que tales servicios tengan un precio y que los pagos se efectúen desde cuentas corrientes a nombre de los grupos parlamentarios. Y apuntaba como “conveniente” que “cada sibvención se aplique estrictamente a la finalidad para la que ha sido concedida”.

“Se observa que una parte relevante de las subvenciones percibidas se transfiere a cuentas bancarias de las correspondientes formaciones políticas. Se ha solicitado una relación de los gastos cubiertos mediante estas aportaciones, con el fin de evaluar la aplicación o empleo de la subvención recibida”, reclama la cámara, que sostiene que PP, IU y UPyD no han subsanado la falta de información. En el caso de los socialistas, la cámara advierte que “no es posible determinar de forma indubitable que el 44% de tales gastos se correspondiesen efectivamente con el funcionamiento del Grupo Parlamentario Socialista”.

En definitiva, la Cámara de Cuentas reclama “una mayor especificación de la naturaleza de los gastos”, que determinadas inversiones, como las prestaciones de servicios a manos de las formaciones políticas, estén debidamente justificadas o los gastos asumidos por ellas. También quiere información más detallada sobre las retribuciones complementarias a los diputados por encargos específicos dentro del grupo parlamentario. Reclama, por último “medidas razonables de control interno, como la apertura de cuentas corrientes de titularidad exclusiva de los propios grupos y la solicitud por éstos del correspondiente NIF, a los efectos de que las facturas correspondientes se emitan a nombre del grupo parlamentario”.

Más información