Desde el equipo de gobierno municipal se explica que en adelante reafirma su compromiso de “financiar las políticas públicas de gasto con recursos propios”. El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido sus amenazas. El consistorio que rige Manuela Carmena ha puesto punto final a su contrato con dos de las mayores agencias de rating: Standard & Poor’s (S&P) y Fitch. El equipo de la alcaldesa justifica esta decisión porque “no tiene intención de emitir deuda ni de contraer más créditos”.
La primera advertencia llegó el pasado mes de octubre, cuando el Ayuntamiento de Madrid anunció la intención de poner fin a unos contratos que quedarán sin efecto a partir del próximo Año Nuevo. Se pone así fin a una relación contractual que comenzó en el año 2002 y que desde entonces ha supuesto para las arcas públicas municipales el desembolso de más de un millón de euros.
Desde el equipo de gobierno municipal se justifica esta ruptura con las agencias de calificación crediticia ante su determinación de no emitir más deuda ni “contraer más créditos, más allá de la cuantiosa deuda que recibió” de sus anteriores gestores. Así, destaca que el plan de actuación a desarrollar “mantiene como eje fundamental financiar las políticas públicas de gasto con recursos propios sin necesidad de contraer nuevos créditos”, recoge la nota oficial del consistorio capitalino.
En esta misma línea de discurso, los compañeros de Carmena abogan por la “reducción del gasto en partidas que no benefician directamente a la ciudadanía”. Es así que ponen en evidencia que a lo largo de 2015, los dos contratos con las agencias dieron lugar a pagos por más de 100.000 euros: Fitch se llevó 50.469,12 euros, mientras que a S&P le correspondió la más abultada partida de 56.481,55 euros.
Aunque desde el equipo municipal de Ahora Madrid se reconoce que “las calificaciones de agencias privadas son, por lo general, un requisito a la hora de recibir créditos y, en ocasiones, para negociar las condiciones de pago de los mismos”, considera que en el escenario actual “el margen para negociar el pago de intereses y devolución de crédito es muy limitado”, subraya el comunicado en el que se remarca que el presupuesto destinado al pago de deuda ha pasado del 27% en el ejercicio que ahora toca a su fin hasta el 15% de cara al próximo año.
Esta reducción ha sido posible por haber eliminado la amortización anticipada “que no revierte en beneficios para la ciudadanía”, se justifica. En cualquier caso, se llama a la tranquilidad al explicar que “se respetan las obligaciones contraídas”.
Por último, el Ayuntamiento explica que la “rendición de cuentas no tiene que pasar necesariamente por el pago a entidades privadas encargadas de emitir valoraciones objetivas y neutrales de los países, empresas y administraciones”. Sobre este particular se pone en evidencia que “son muchos los ayuntamientos que no mantienen ningún tipo de relación contractual” con este tipo de agencias.
