Los tres grupos de la oposición han acordado una enmienda para acabar con la parte de dos leyes que permitían la privatización de seis hospitales y la externalización de servicios no sanitarios. PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid han acordado derogar la ley que permitía la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud en la Comunidad de Madrid. Los tres grupos de la oposición han acordado una enmienda para acabar con los artículos 62, y 63 de la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas, aprobadas durante el mandato de Esperanza Aguirre, que afectaba a los hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo.
«No es razonable que sigan vigentes los artículos de una privatización fracasada cuya derogación hemos pedido y que el PSOE llevó al Tribunal Constitucional», indica el texto de la enmienda aprobada en el pleno de hoy junto a las votaciones de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2016. Según el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea, José Manuel Freire, esta enmienda posee un valor «político y simbólico», ya que al no tener carácter retroactivo se mantendrá la privatización de los hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo.
Además de la derogación de esos artículos, la enmienda pactada por el PSOE con los dos grupos que se estrenan este año en la cámara, Podemos y Ciudadanos, acaba con otros procesos de privatización en la Sanidad madrileña: deroga la parte de la Ley de racionalización de gasto público, que determinaba la externalización progresiva de los servicios no sanitarios, como la cocina o la lavandería.
La enmienda transaccional al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como ley de acompañamiento, insta a suprimir los puntos 1, 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 4/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público, que preveía la desaparición de hasta 26 categorías profesionales no sanitarias de los hospitales y centros de salud, como las de cocinero, lavandero, jardinero o telefonista.
En concreto, el punto 3 de esta ley indica que «se procederá de manera progresiva a la externalización de los servicios no sanitarios necesarios para el adecuado funcionamiento de la red de centros del Servicio Madrileño de salud, mediante los oportunos concursos públicos». Era un proceso con el que el equipo de Cristina Cifuentes, presidenta de la región, ya venía comulgando: el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, se comprometió recientemente con los sindicatos a derogar la extinción de tales categorías sanitarias.
El texto de la enmienda se lee, según recoge Efe, que «es impresentable presentar la externalización sanitaria como un objetivo en sí mismo». Freire ha recordado que también se ha aprobado una enmienda a la ley de acompañamiento que insta a la Consejería de Sanidad a crear «un entorno que anime a denunciar hechos y circunstancias perjudiciales para pacientes, profesionales o el interés público» y a elaborar una elaborar una normativa «que ofrezca garantías de protección» a los denunciantes.
