Seis asociaciones firman un comunicado conjunto en el que piden la suspensión de la entrada en vigor de la norma. Seis asociaciones de jueces y fiscales han firmado un comunicado conjunto contra la Ley de Enjuiciamiento Criminal y piden la suspensión de su entrada en vigor “hasta que, al menos, no se cuente en todo el territorio nacional con los medios personales, materiales e informáticos que posibiliten el cumplimiento de la norma”.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales suscriben el texto. En él, explican que la norma introduce para la finalización de la instrucción lo que en su Preámbulo denomina “plazos máximos realistas cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales” en sustitución del “exiguo e inoperante plazo de un mes del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Estos plazos, van de los seis a los dieciocho meses, “según se trate de un asunto sencillo o complejo” y “la nueva redacción del artículo atribuye, además, al Ministerio Fiscal el impulso procesal para la solicitud de la prórroga de los anteriores plazos cuando en los mismos no pueda completarse la instrucción”.
Para estas asociaciones, “establecer un plazo límite sujeto a control en nuestro modelo procesal -en el que la investigación está en manos del juez instructor- puede resultar absurdo, pues es el propio juez quien ha de controlar la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales”. Asimismo, ven “absurdo” otorgar al Ministerio Fiscal “la facultad de pedir prórrogas a quien está dirigiendo y controlando la investigación cuando puede haber desacuerdos en la misma o, incluso, desconocer el contenido o la existencia de dicha investigación”.
Esto sitúa a los miembros del Ministerio Fiscal en una “irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta en la actualidad”. Los jueces de instrucción también se verán perjudicados al tener que dirigir la instrucción sin “capacidad para prolongarla en el tiempo”.
“En definitiva, el legislador ha confundido tanto el modelo procesal como el papel de los actores, lo que lleva a su último extremo la falta de coherencia de la reforma”.
A esto hay que sumar, remarcan los jueces y fiscales, que la entrada en vigor de esta ley está prevista en el plazo de dos meses desde su publicación. “Así, el 5 de diciembre se aplicará a todos los procedimientos vigentes, es decir, habrá que revisar todas las causas penales que se encuentran en fase de instrucción en todos los juzgados de España, teniendo éstos que atender la carga de trabajo ordinaria, y todo ello -como dice la propia ley- sin necesidad de habilitación presupuestaria alguna”, critican.
Por ello, protestan por una norma que es “una auténtica ley de punto final de la que va a resultar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados” y reclaman la suspensión de la entrada en vigor de la reforma.
