Las ayudas al alquiler para 2015 convocadas por Ignacio González y concedidas por el Ejecutivo de Cifuentes solo benefician al 7,7% de las personas con ingresos bajos. Las ayudas del alquiler convocadas por la Comunidad de Madrid entre febrero y marzo de 2015 dejan fuera al 85% de los solicitantes que cumplen los requisitos económicos para percibirlas. Solo un 7,7% de las 53.790 personas que registraron su demanda han conseguido que el gobierno de la región les ayude con hasta 200 euros mensuales para afrontar el pago de su alquiler.
Otros 3.820 solicitantes han sido excluidos por superar el umbral de ingresos requerido: las personas titulares del contrato de arrendamiento no deben ingresar, en conjunto, más de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
A pesar de que las ayudas fueron anunciadas a principios de 2015, el proceso de solicitud se alargó hasta marzo, en plena época preelectoral previa a los comicios locales y autonómicos. Las subvenciones se conceden por un máximo de 12 meses, correspondientes al año corriente, 2015. Los beneficiarios comenzarán a percibirlas a partir de octubre, cuando ya han debido hacer frente a la mayoría de los pagos del ejercicio. Según fuentes del departamento de Vivienda de la Comunidad de Madrid, el gran número de solicitudes ha retrasado el estudio de cada uno de los casos y por tanto la resolución del listado, aún provisional, de admitidos, excluidos por motivos económicos y de excluidos porque el presupuesto de la Comunidad no daba para más.
El gobierno autonómico anterior, al mando de Ignacio González, fijó la partida para esta nueva ayuda del alquiler en 10 millones de euros. Pero 45.800 personas que cumplen los requisitos económicos para percibirla se han quedado sin ella ahora que Cristina Cifuentes preside la región. Lo que trabajadores de registros y de las oficinas de Vivienda de la Comunidad han definido como “avalancha” de solicitudes se traduce en que más de un 85% de los hogares que viven en la Comunidad de Madrid en régimen de alquiler no tienen, según los criterios del gobierno regional, unos ingresos suficientes como para hacer frente al pago de la renta con soltura.
Para solicitar la ayuda, los potenciales beneficiarios debían cumplir con una serie de procedimientos establecidos por la Comunidad, más allá de cumplir con los umbrales de renta. Entre ellos, conseguir que el arrendador depositara un mes de fianza del inmueble en el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).
