El secretario de Estado de Seguridad considera “justa” la decisión judicial para cerrar el caso por falta de pruebas. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, ha considerado «justa» la decisión de un juez de archivar la causa contra ocho agentes de la Guardia Civil ante un presunto delito de trato degradante a inmigrantes en la valla fronteriza de Melilla por «falta de pruebas». Varias ONGs denunciaron una operación de “devolución en caliente” en la valla de Melilla en octubre del pasado año. Un vídeo grabado por la organización Prodein era la principal prueba para sostener la denuncia. En él, se observa cómo los efectivos de la Guardia Civil golpean a una persona que después traslada, aparentemente inconsciente, al otro lado de la valla a través de la puerta de servicio.
Las imágenes sostuvieron la imputación de 8 guardia civiles en la ciudad autónoma. Pero el juez sobresee provisionalmente el proceso ante “la falta de pruebas”, puesto que no se ha podido recuperar el testimonio del agredido, que fue expulsado de territorio español cuando se sucedieron los hechos. El auto sí confirma la ilegalidad de la expulsión en la frontera de los inmigrantes que habían saltado la valla, ya que se hizo sin “observar la legislación aplicable».
Así defiende "ESPAÑA" el Ministerio del Interior (2) from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo
«Sin esas declaraciones, se ha privado a la investigación de un elemento esencial que hubiera permitido concretar, en su caso, la procedencia de la continuación de esta causa», apunta el magistrado, que considera indispensable que se hubiera realizado la identificación de los inmigrantes afectados por los malos tatos denunciados. Las grabaciones no pueden ser “por sí mismas suficientes para justificar el paso a la fase intermedia del procedimiento, y mucho menos para propiciar la apertura de juicio oral», decreta el juez.
Al conocerse la decisión judicial, el secretario de Estado de Seguridad ha reconocido que el sobreseimiento provisional de esa causa ha sido recibido con gran satisfacción en el Ministerio del Interior y, en particular, en la Guardia Civil. Es algo que confirman las declaraciones de los portavoces de de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que se alegran “por los compañeros”.
No obstante, la AUGC ha demandado más medios y efectivos para trabajar en las fronteras. Por su parte, AEGC ha recordado que siempre defendió la inocencia de los agentes, que actuaron «tal y como determinan los protocolos y dentro de la legalidad vigente». Tras el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla caen las denuncias de las plataformas y ONG Prodein, SOS Racismo, Andalucía Acoge y Coordinadora de Barrios, aunque cabe interponer recurso de reforma o apelación.
