La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de IVIMA pide el cese como edil del exconsejero de Ignacio González por los desahucios que han provocado los ‘fondos buitre’. Esperanza Aguirre se enfrenta a la primera petición de dimisión de uno de sus ‘flamantes’ concejales. Se trata de Pablo Cavero, ex consejero de Transporte, Infraestructura y Vivienda de Ignacio González, a quien la
La AVVI ha iniciado una recogida de firmas -a través de la plataforma changue.org- para pedir a los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Madrid que exijan la dimisión de Cavero, basándose en un informe del Ministerio de Hacienda, publicado por el diario El País, en el que se asegura que “seis de cada diez desahucios ejecutados en la capital se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas en los últimos años por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a fondos de inversión”.
Los demoledores datos de Hacienda dan la razón a esta plataforma de afectados que recuerdan que “el 11 de octubre de 2013 en la Asamblea de Madrid, ante las preguntas de la oposición sobre la venta de las 32 promociones vendidas por IVIMA a Azora y Goldman Sachs, el por entonces Consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid y actual concejal por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Pablo Cavero, dijo lo siguiente: “Señorías, insisto en que los inquilinos solo van a ver cómo cambia el nombre en el recibo del alquiler; de poner Ivima en el recibo del alquiler a poner el nombre de la empresa adjudicataria»
Tampoco olvidan en la AVVI que el ahora concejal defendió la operación utilizando el eufemismo de «rotación natural de activos» y denuncian que “ lo que Pablo Cavero llama literalmente “una rotación natural de activos”, los afectados por esta venta de vivienda pública lo llamamos atentado contra los DDHH, al poner contra las cuerdas a la parte de la ciudadanía más frágil y en grave riesgo de exclusión social”.
Aseguran que “a día de hoy podemos afirmar que todos los desahucios que se han producido por la venta de estas viviendas ha ocurrido por el total desamparo que han sufrido los legales adjudicatarios de las viviendas por parte de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid”.
Hacen notar que “el tiempo juega en contra de los inquilinos a los que, en su mayor parte, les finalizan las ayudas al alquiler que la Comunidad de Madrid les otorgaba y que ya no renovará. La respuesta que les dan desde IVIMA cuando solicitan esa renovación es que esas viviendas ya no son públicas, pertenecen a un fondo de inversión”.
Y concluyen que “un responsable político que ha causado tanto daño, tanto dolor a la parte más débil y desprotegida de la ciudadanía madrileña, no puede representarla en una institución tan importante como es el Ayuntamiento de Madrid”.
Operaciones en los tribunales
Hay que recordar que el Gobierno de Ignacio González cerró en 2013 la venta de 2.935 pisos del Ivima al fondo Goldman Sachs y a Azora por 201 millones de euros, una controvertida operación que el Partido Socialista de Madrid (PSM) llevó a los tribunales, con la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima como acusación popular. La querella por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada fue admitida a trámite en marzo de 2014 por el juzgado de instrucción número 48 de Madrid y en diciembre, el juez imputó la gerente del Ivima, Ana Gomendio.
En lo que respecta al Ayuntamiento, Ana Botella vendió 1.860 pisos de alquiler social en 2013 al fondo de inversión Blackstone por 128,5 millones, una venta que también fue objeto de una denuncia en los tribunales. En este caso, la denuncia fue sobreseída pero su archivo ha sido recurrido tanto por los socialistas como por la asociación de afectados por la venta de la vivienda pública de la EMVS ante la Audiencia Provincial de Madrid.
