Izquierda Unida denuncia las intenciones del ministro de Educación, Cultura y Deporte ante la creación de nuevas universidades privadas. Ante los problemas actuales por los que atraviesa el sistema universitario, tanto a nivel de profesorado como de alumnado, el ministro Wert ha sentado las bases de la modificación sobre el Real Decreto que afecta a las universidades y centros universitarios, abriendo una posible expansión en el ámbito privado de la enseñanza.
Izquierda Unida expresa en un comunicado oficial que esta nueva medida del gobierno español “no tiene razón de ser dado que no responde a ninguna necesidad social, sino únicamente al ánimo de lucro y beneficio de sus accionistas”.
La creación y reconocimiento de universidades privadas están contemplados en la legislación actual, condicionada por tres demandas; mayor población escolar, desarrollo de nuevas ramas debido a avances científicos o cobertura de nuevas necesidades profesionales. El Área Federal de Educación de IU acusa directamente al decreto de “eliminar esos requisitos para que no supongan trabas para seguir ampliando el negocio educativo”, es decir, el ámbito privado.
La comunidad universitaria ya se posicionó en contra de los decretos-ley que habían sido aprobados con anterioridad en la huelga del 24 de marzo de este mismo año, defendiendo que los objetivos principales del Partido Popular no eran otros que la privatización y la mercantilización de la Educación Superior.
En contra de esta emergencia de lo privado, Izquierda Unida advierte que, desde 1997, “no se ha abierto ni un solo campus público” mientras que las instituciones privadas universitarias se han ampliado casi el triple (de 12 se han pasado a 33). Además, actualmente ya “hay demasiadas universidades privadas”, lo que no conlleva a ninguna educativa.
Por otro lado, el decreto que afecta a la selección del profesorado es tildado por la citada Federación de crear “un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual, sin criterios claros y objetivos para medir los méritos y con un elevado grado de discrecionalidad”, lo que conllevará a una “mayor inseguridad jurídica”.
Contra esta “ideología mediante el ordeno y mando” del actual gobierno, Izquierda Unida pretende implantar una duda ante esta nueva puerta abierta de la educación cuyo nuevo decreto-ley “lamina la labor de la Secretaría General de Universidades y del propio Ministerio de Educación, que no se cansa de emitir tajantes informes desfavorables sobre nuevas universidades privadas”.
