La decana del Colegio de Abogados de Madrid denuncia que estos letrados se pagan sus desplazamientos y hasta las fotocopias. “La abogacía madrileña de oficio defiende, desde el 2003 y hasta hoy, a la ciudadanía madrileña sin recursos por una indigna retribución media de 2 euro por hora, asumiendo además todos los gastos de desplazamiento y gestión (tal como papel, fotocopias, teléfono, correo) que la defensa de oficio conlleva, porque no está prevista en la normativa su compensación”. Con estas palabras denunció la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, ante la Comisión de Justicia de la Asamblea de Madrid, la situación que viven los profesionales del turno de oficio.
Por ello, exigió al Gobierno autonómico con carácter “inexcusable e inaplazable”, recursos económicos suficientes para “atender la demanda de Justicia Gratuita en condiciones adecuadas y dignas, las propias de un servicio público, y no de caridad o beneficencia”, tal y como se informa en la web del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Gumpert recordó a los diputados madrileños que la retribución percibida por los abogados de oficio no ha sido actualizada desde 2003 y que sufrió en 2012 una rebaja del 20 %, por lo que representa un desfase del 44 %.
Informó la decana que “el periodo medio de pago de la Comunidad en 2014 ha sido de 146 días, frente a los 60 días legalmente previstos, al tiempo que denunciaba que “ los abogados de oficio son para la Comunidad de Madrid “mano de obra cualificada y barata”.
Por otro lado, y en lo que respecta al Colegio de Abogados, Gumpert indicó que percibe actualmente de la Comunidad una compensación de 24 euros por cada expediente de Justicia Gratuita, cuando el “coste real” para la institución, que ha tramitado un total de 120.418 expedientes de Justicia Gratuita en 2014, es de 36 euros por expediente tramitado.
Haciendo notar además, que “aparte de esa diferencia de 12 euros, la Comunidad de Madrid suspendió la dotación adicional para el Servicio de Orientación Jurídica, que supone un coste anual de 416.868 euros, para que este servicio fuera prestado con cargo a dichos 24 euros, mientras la demanda de este recurso no ha desaparecido y en 2014 se atendieron 62.303 consultas y se tramitaron 22.336 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita”.
Según Gumpert, todo ello ha provocado un déficit para el Colegio de Abogados que asciende a 2.784.340 euros, un total acumulado en los años 2012, 2013 y 2014, un déficit que ha calificado de “endémico” un déficit, que según la decana, el Colegio cubre con las cuotas colegiales, “de manera que la Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid está siendo parcialmente financiada por el colectivo de abogados madrileños”, aclaró.
En opinión de la representante del Colegio de Abogados de Madrid, la situación del turno de oficio es la “prueba viva de la falta de voluntad política de la Administración de cumplir el mandato constitucional de garantizar la Asistencia Justicia Gratuita, que ha sido y es objeto de una planificación económica sistemáticamente insuficiente y por ello enemiga de la función social que le es propia”.
Concluyendo que “no se puede cumplir el mandato constitucional de Justicia Social atendiendo a exclusivos criterios de ahorro económico e ignorando el coste real de la Justicia Gratuita de la sociedad madrileña”, puesto que. “las cuentas no salen”.
La decana resaltó, además, que esta “desatención del servicio” por “insuficiente dotación económica” no sólo se produce respecto de la Justicia Gratuita, sino con la Justicia en general, al tiempo que ha apuntado a la “falta endémica de recursos humanos y materiales como la principal causa de que la administración de justicia en esta Comunidad sea lenta y tardía”.
