El ministro del Interior ha desatado una grave crisis institucional entre el Gobierno y Poder Judicial por sus declaraciones sobre la excarcelación de presos de ETA, según el PSOE. El PSOE ha presentado una solicitud de comparecencia para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que informe de la grave crisis institucional entre Gobierno y Poder Judicial por las declaraciones producidas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el consiguiente escrito firmado por los 13 magistrados que conforman la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en protesta por las injerencias del Ejecutivo.
El PSOE ha reaccionado ante lo sucedido el pasado jueves 19 de diciembre, cuando en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que instruye los casos de imputados políticos aforados por el Congreso o el Senado, se firmó un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno en el poder judicial.
De los 18 magistrados que componen la sala, 13 han sido los firmantes (incluidos los eméritos) de una carta dirigida al presidente de la sala, Manuel Marchena, instándole a actuar ante unas recientes declaraciones del ministro del Interior en las que éste calificó de “lamentables” las excarcelaciones de miembros de ETA decretadas por la Audiencia Nacional.
La polémica surgió hace unos días por la decisión de la Audiencia Nacional de liberar a los terroristas con decenas de asesinatos en su historial, como el caso de Santi Potros (Santiago Arrospide Sarasola) y Alberto Plazaola, tras conmutarles el tiempo de condena cumplido en Francia. El PSOE ha reaccionado indignado y reprochando al Ejecutivo que no hubiera trabajado antes para impedir la excarcelación.
Las reacciones no han tardado en llegar, después de que Soraya Sáenz de Santamaría y Rafael Catalá, titular de Justicia, entre otros miembros del Gobierno, criticaran en público las excarcelaciones de los etarras en cumplimiento de un acuerdo marco europeo que permite acumular en España las penas cumplidas en otros países, dictada en 2008. La ley que traspone dicha normativa, y que restringe sus efectos a las sentencias dictadas con posterioridad a agosto de 2010 entró en vigor un día después de las puestas en libertad, el pasado día 3. Las críticas han sentado como una intromisión del Gobierno en la independencia judicial.
Los jueces había decidido mantenerse en silencio, pero a raíz de unas declaraciones por parte de Díaz en una entrevista publicada el pasado sábado por La Razón, los magistrados han reaccionado redactando la carta. A lo largo de la entrevista, preguntaron al ministro por la acumulación de penas a etarras, que el Tribunal Supremo avaló en marzo, tras obligar a la Audiencia Nacional a revisar la condena del etarra José Luis Urrosolo Sistiaga para descontarle el tiempo de condena cumplido en Francia. El ministro respondió críticamente “me parece lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente”, criticando a los magistrados que la aceptaron Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez. La pregunta en cuestión se centró en si los jueces podían estar prevaricando al tomar estas decisiones, y Díaz contestó “yo no digo eso, pero si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa, quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación”.
Los magistrados han recogido las declaraciones y la entrevista en sí para dejar constancia de ello, tras exponer el ministro que lamenta que se haga “un uso alternativo del derecho”, y sostener que estas decisiones judiciales “provocan falta de confianza en las instituciones”, según ha publicado El País.
Los 13 magistrados han omitido calificaciones respecto al comportamiento del ministro, pero piden al presidente de la Sala de lo Penal que haga llegar al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su “desazón” por las afirmaciones ante ellos. También, reclaman al presidente su posicionamiento por dichas acusaciones ya que si piensa que “no son adecuadas ni guardan el debido respeto” al Tribunal Supremo, se lo haga saber al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le pida “que ponga coto” a manifestaciones como las de su ministro del Interior, ha publicado El País.
Por su parte, el ministro del Interior ha declarado que «he respetado y respetaré siempre la ley», refiriéndose a la independencia judicial y la separación de poderes. Y añadía que la separación de poderes está «garantizada, reconocida y amparada» en la Constitución. Además de ser «el fundamento de un buen funcionamiento de un Estado social, democrático y de Derecho como es el nuestro».
Entre los magistrados firmantes hay varios jueces pertenecientes al sector conservador de la magistratura. Los restantes magistrados que se han mantenido al margen son: el presidente Marchena y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados.
