Admitida la demanda contra Justicia y el CGPJ por la sobrecarga de trabajo de los jueces

Justicia

Admitida la demanda contra Justicia y el CGPJ por la sobrecarga de trabajo de los jueces

Martillo de juez

La Sala de lo Social fija para el 3 de febrero el acto de conciliación. El juicio se celebrará el mismo día si no hay acuerdo. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda por conflicto colectivo presentada por Jueces para la Democracia contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la situación de sobrecarga de los órganos judiciales. Asimismo, y según informa JpD ha admitido las pruebas propuestas y ha señalado vista para el 3 de febrero de 2015.

Y es que el tribunal ha fijado para el próximo 3 de febrero de 2015 el acto de conciliación previo a la celebración del juicio. En caso de no llegar a un acuerdo, el juicio tendrá lugar ese mismo día.

La Sala ha admitido, además, las pruebas propuestas por la asociación y ha citado como testigos a la magistrada del Tribunal Supremo y antigua vocal del CGPJ Margarita Robles, el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Carlos Hugo Preciado, la magistrada decana de Lanzarote, Gloria Poyatos, y el juez de violencia de género de Madrid y miembro de JpD Javier Martínez Derqui. También está citado como perito al catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén Cristobal Molina Navarrete, informa Europa Press.

Jueces para la Democracia (JpD) presentó el pasado 13 de noviembre en la Audiencia Nacional una demanda contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante “la grave sobrecarga de trabajo que afecta a nuestros juzgados y la falta de medios que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales”.

Con esta demanda, que no tiene precedentes en España, JpD pretende poner de manifiesto “la falta de medios en los juzgados y la sobrecarga que están sufriendo los magistrados” y busca, “conseguir que el Gobierno asuma sus obligaciones y cree los órganos judiciales necesarios para que no estén paralizadas las causas”.

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