Unos 6.000 opositores se han visto afectados por la impugnación del Ministerio de Hacienda. Denuncian estar en un ‘limbo’ y desamparados. Las miles de personas que estaban preparando los exámenes para las oposiciones convocadas por la Comunidad de Madrid para puestos de administrativos, arquitectos e ingenieros, para las que sólo quedaba fijar una fecha, se han encontrado con una desagradable sorpresa. El Ministerio de Hacienda ha impugnado el proceso aludiendo a una serie de irregularidades que habría cometido el Gobierno de Ignacio González, e incluso ha pedido al juez la suspensión cautelar de las pruebas. De momento no hay decisión firme, pero los opositores ya se temen lo peor.
Al fin y al cabo, ellos son los grandes perjudicados, unas 6.000 personas que llevan meses preparándose los exámenes, estudiando, acudiendo a academias (con el consiguiente gasto), y que incluso han llegado a rechazar puestos de trabajo y ofertas de formación para ‘entregarse’ en cuerpo y alma a sacarse las oposiciones. Ahora están en un ‘limbo’ y “desamparados” ante lo que creen que es un capítulo más del ya manido enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda, o lo que es lo mismo, entre Ignacio González y Cristóbal Montoro.
Esa es una de las quejas que ha lanzado una de las afectadas, R.Ll.R., que ha explicado a ElBoletin.com que los opositores están “muy enfadados y muy nerviosos” por lo que pueda pasar tras la impugnación, formalizada en un recurso contencioso-administrativo que fue presentado por un abogado del Estado en representación de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del departamento de Montoro. Una situación que fue comunicada por el Ejecutivo autonómico a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el pasado 3 de noviembre.
Para esta opositora la situación actual es intolerable, ya que la decisión del Gobierno central les deja totalmente “indefensos” y “a merced” de lo que decida un juez. “Están jugando con 6.000 personas, con sus expectativas. Estamos en un ‘limbo’ del que no sabemos cómo salir”, ha relatado R.Ll.R., que lleva preparándose los exámenes en una academia desde hace más de un año -que le cuesta 130 euros al mes- y ahora no sabe qué hacer. “En mi caso seguiré pagando hasta diciembre”, cuando según le han dicho podría haber una decisión judicial, y cree que como ella muchos compañeros harán lo mismo.
El Gobierno ha impugnado estas oposiciones alegando que se ha vulnerado el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este dice que “las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”.
Y es precisamente el último punto el que se pone en cuestión. Según R.Ll.R., las oposiciones fueron convocadas hace más de tres años, aunque no ha sido hasta ahora cuando la Comunidad de Madrid se ha puesto manos a la obra para ejecutar el proceso, con lo que habría excedido el plazo marcado. No obstante, esta afectada ha podido saber que este tipo de “irregularidades” también se han dado en otros procesos y, sin embargo, no ha habido impugnación del Estado.
Desde el Gobierno de Ignacio González todavía no se han pronunciado al respecto, pese al malestar de los opositores, aunque fuentes sindicales han dicho a este diario que la Comunidad de Madrid les ha confirmado que su intención es seguir adelante con el proceso hasta que haya sentencia firme. Incluso, estaría buscando alternativas por si el juez estima el recurso de Hacienda y decide paralizar la convocatoria.
Mientras tanto, CCOO ya se ha personado en el proceso para “garantizar los derechos de los aspirantes”. Según ha indicado el secretario general del Sector de la Administración Autonómica del sindicato en Madrid, Javier Díaz Toril, no sólo han tomado esta decisión sino que “animamos a la gente a personarse contra la decisión del Gobierno central” para ejercer la mayor presión posible y tratar de frenar este “despropósito”.
Díaz Toril, que ha confirmado que son un total de 68 las plazas ofertadas por la Comunidad de Madrid en las oposiciones impugnadas, ha explicado que el Estado tiene “31 convocatorias que superan los tres años”, lo mismo que ahora le reprocha al Ejecutivo de Ignacio González.
A su juicio, la impugnación no tiene “ninguna explicación jurídica”, ya que el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público pone un plazo, pero no dice que si se supera no pueda resolverse. Es por ello que el representante de CCOO cree que el recurso del Estado “no va a prosperar”, e incluso sospecha que podría tratarse de una “maniobra interna del PP” para evitar cualquier problema antes de las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo.
El sindicalista ha señalado que, en cualquier caso, lo que habrá será un retraso del proceso, pero no una paralización porque la convocatoria está en marcha y “tiene que resolverse” antes o después.
Sea como sea, la solución puede tardar en llegar. Hasta entonces, los opositores afectados sólo pueden hacer una cosa: seguir preparándose y esperar que el juez permita realizar los exámenes.
