Catalá asegura que la reforma del aborto que obligará a las menores a tener el consentimiento de sus padres llegará antes de final de año. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó en RNE sobre la información de que el alcalde de Barcelona está siendo investigado por una cuenta millonaria en Andorra, que habrá que esperar a que la investigación concluya y eludió valorar la noticia recordando la “presunción de inocencia”.
Preguntado por la lentitud de la Justicia, el ministro reconoció que “tenemos que mejorar nuestras leyes procesales”, ya que una justicia lenta genera cierta sensación de inseguridad jurídica” y reiteró que desde el Gobierno van a plantear una reforma para que se puedan agilizar los procesos y para que las causas complejas se puedan ir instruyendo por plazos.
Sobre la consulta alternativa del presidente de la Generalitat, aseguró Catalá que lo que “estamos haciendo desde la Abogacía del Estado es estudiar las actuaciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno catalán” ya que les parece que “puede haber un cierto fraude de ley y eso sería absolutamente insostenible” y dice que si eso se confirma “presentarían de nuevo impugnaciones”.
Dice que la consulta alternativa no es sólo un mecanismo «ilegal sino antidemocrático porque pretende convocar una consulta de facto más allá de lo que la ley permite al Gobierno catalán».
Preguntado por las tasas judiciales, el ministro dejó claro que está convencido de que las tasas judiciales tienen sentido: “Como concepto yo creo que tienen sentido pero creo en unas tasas proporcionadas que no limiten la acción de la Justicia” y explica que no quiere hacer una enmienda a la totalidad a los que hizo su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, sino sólo “afinar las tasas”.
En relación a la ley del aborto, el ministro acusó al Gobierno socialista de haber roto el consenso que había hasta el 2010 ya que “teníamos un modelo que se había generado de manera trabajada y en el que estábamos razonablemente cómodos”.
Y señaló que están trabajando para que las menores de edad pueda contar con el apoyo y el consentimiento de sus padres y añade que están preparando “para antes de final de año un programa de ayuda a la familia para que ninguna mujer tome la decisión de abortar por motivos económicos sociales y laborales».
Concluyendo: la reforma para que las menores de 16 y 17 años necesiten la autorización a sus padres para la interrupción voluntaria de un embarazo llegaría antes de final de año, puesto que “es una prioridad del presidente del Gobierno”.
