Distintos colectivos de abogados se manifestarán el 17 de julio contra los recortes que supone la reforma de la justicia gratuita. El Gobierno pisa el acelerador para tramitar con la máxima celeridad el proyecto de ley de justicia gratuita impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, con el objetivo de que la reforma sea aprobada en el Congreso de los Diputados antes del verano, y los abogados saldrán a la calle para tratar de evitarlo.
Para escenificar su rechazo frontal a esta reforma y en defensa del turno de oficio, servicio público prestado por 42.500 abogados los 365 días del año las 24 horas al día, la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), las Asociaciones de Letrados ALA (Asociación Libre de Abogados), APAEM (Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid), ALTODO (Asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno), CEAT (Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio), AJA Madrid (Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid) han convocado para el próximo 17 de julio una concentración frente al Ministerio de Justicia.
Los abogados han publicado un manifiesto en el que comunican su oposición total a esta reforma porque consideran perjudica al ciudadano “al reducir el umbral económico de acceso a la justicia gratuita para las personas no integradas en una unidad familiar, al valorar la situación económica y patrimonial no sólo del interesado sino también de los integrantes de su unidad familiar, al establecer una presunción de abuso por parte de los que soliciten tres veces al año este derecho y al suprimir la obligación de residencia o establecimiento del abogado del turno de oficio en el lugar de asistencia al beneficiario del servicio, impidiendo una atención inmediata y cercana a éste”.
Estos colectivos de abogados denuncian además que “el proyecto crea desigualdades, al reconocer la justicia gratuita a algunos ciudadanos, colectivos y personas jurídicas, aunque cuenten con recursos suficientes para litigar, en contra del criterio general de capacidad económica del solicitante de este servicio, resultando discriminatorio y contrario a la propia esencia del art. 119 CE”.
Critican igualmente que la reforma de Gallardón “en contraposición con la extensión del beneficio a determinados colectivos a pesar de que pueden disponer de recursos suficientes para litigar, el proyecto no incluye la gratuidad de diversas prestaciones , como la asistencia letrada previa a proceso judicial en todo caso, la asistencia a los presos condenados, la designación de profesionales para la acusación particular, la exención de cauciones, depósitos y consignaciones ni la intervención de mediador, contador partidor, administrador judicial o concursal, intérprete o traductor, a pesar de que la intervención de dichos profesionales puede ser precisa durante la tramitación del proceso y sus costes muy probablemente tampoco podrá asumir el beneficiario de justicia gratuita”.
También, los abogados advierten que con la reforma no se garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de justicia gratuita, puesto que el “proyecto de ley sigue vinculando las tasas judiciales a la justicia gratuita, a pesar de ser un hecho público y notorio la falta de destino de lo ya recaudado por éstas”.
No respeta la labor del turno de oficio
Hacen notar que el proyecto no respeta ni dignifica la labor de los abogados de oficio, al no actualizar los baremos de retribución del servicio, acordes con el servicio público que garantiza el derecho de defensa de los ciudadanos. Niega el cobro de todas las actuaciones que lleve a cabo el letrado del Turno de Oficio, no garantiza que el pago por la Administración sea puntual, y expresa un discurso vejatorio hacia el letrado del Turno de Oficio al que exige un control opuesto a su independencia como jurista.
Asimismo informan de que la reforma de Gallardón “burocratiza en exceso el servicio generando costes innecesarios, al mantener la duplicidad en la tramitación de los expedientes, dilatando el reconocimiento a la justicia gratuita; al requerir la ratificación del beneficiario y justificación del mantenimiento del derecho para recurrir; al prever la revisión periódica de la concesión del beneficio como mínimo cada cuatro años; al imponer a los Colegios funciones de archivo y custodia y, a los abogados, obligaciones informativas y de traslado de resoluciones, cuyo incumplimiento conlleva la imposición de sanciones desproporcionadas”.
Reclaman los convocantes de la protesta que “las negociaciones existentes entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española para la reforma del proyecto deberían haber comenzado con la retirada del mismo, a fin de que ambas partes estuvieran en condiciones de igualdad y que dicha negociación pudiera llevar a un real consenso en su redacción y no a una mera cesión por nuestra parte”. Y exigen “una mayor información y transparencia en dichas negociaciones, que consideramos no deberían alargarse sine die”.
Y concluyen que con su manifestación “en defensa de un turno de oficio digno, accesible, cercano y sin recortes” quieren dejar constancia su posición a dicho proyecto de ley “y nuestra absoluta disconformidad con cualquier intento de recorte y de privatización en materia de justicia gratuita que garantiza un derecho fundamental establecido en la Constitución, como es el derecho de defensa y el acceso a la jurisdicción de todos los ciudadanos, contraviniéndose las previsiones de los artículos 14, 24.1 y 119 de la Constitución”.
