El colectivo trató de concentrarse el miércoles en Neptuno mientras se votaba la ley de abdicación, pero la Policía desalojó a los manifestantes hasta el Paseo del Prado. La Coordinadora 25S dice estar cansada de que Cristina Cifuentes trate con “violencia institucional” cada una de las protestas que convoca, por lo que ha decidido llevar a la delegada del Gobierno en Madrid a los tribunales. El colectivo se queja de la última actuación de la dirigente popular, que ordenó a la Policía que impidiese llevar a cabo el ‘Rodea el Congreso’ convocado por el 25S este miércoles durante la votación de la ley de abdicación en la Cámara baja.
Tal y como ha indicado el colectivo en su página web, concretamente en la entrada en la que valoran la acción del miércoles, “vamos a poner una denuncia por vía penal contra la Sra. Cifuentes por vulneración de derechos fundamentales”. El 25S denuncia que los agentes movilizados por la delegada del Gobierno desalojaron a los manifestantes de Neptuno y les llevaron hasta el Paseo del Prado, impidiéndoles ejercer su derecho constitucional de manifestación y expresión, y que hicieron lo propio con los periodistas que se habían trasladado hasta allí para cubrir la noticia, impidiendo también el derecho a la libertad de información.
Y es precisamente por ello por lo que han decidido llevar a Cifuentes a los tribunales. “Queremos manifestar que, siendo la posición de la Coordinadora 25S y de los participantes en las movilizaciones que ésta convoca totalmente pacíficas, recibimos sistemáticamente un tratamiento de violencia institucional que impide el ejercicio de nuestros derechos fundamentales”, y han decidido no seguir tolerándolo.
Por ello, además de la mencionada denuncia contra la delegada, el colectivo enviará también un informe con los hechos ocurridos a los diversos grupos parlamentarios que se han opuesto a la ley de abdicación “para que hagan las pertinentes preguntas al Ministro del Interior en sede parlamentaria sobre los hechos acontecidos”. Asimismo, dice el 25S, “comunicaremos lo ocurrido a diversos organismos internacionales, como la OSCE y Amnistía Internacional, a través de un dossier para que procedan a su valoración”.
“La convocatoria era perfectamente conocida por la Delegación del Gobierno, porque tuvo una difusión significativa en los medios de comunicación”, por lo que “no se puede alegar que no estaba comunicada”, dice la Coordinadora, que insiste en el “carácter pacífico” de su protesta, con la que quería mostrar el sentimiento de la ciudadanía ante la sucesión de la Corona y su deseo de ser consultada sobre la forma de Estado.
El 25S explica que la “represión” policial fue tal que “desde dos horas antes del momento previsto para el inicio de la concentración en Neptuno todas las bocas de metro y las calles adyacentes a la referida plaza estaban tomadas por las fuerzas de las Unidades de Intervención Policial, con un despliegue de 50 furgonetas con sus correspondientes dotaciones así como al menos una docena de patrullas a caballo y un helicóptero”. Un dispositivo que califica de “desproporcionado y costosísimo desde el punto de vista económico”, cuyo objetivo era “impedir una concentración pacífica y democrática”.
Es más, afirma que la protesta fue poco numerosa debido a que la Policía impidió llegar a la plaza a los manifestantes. “Centenares de personas, particularmente jóvenes, que pretendían acceder a Neptuno eran conminadas bajo amenazas a que se alejaran de la plaza y de sus zonas aledañas. Los pocos centenares de personas que conseguimos acceder a Neptuno fuimos objeto de empujones hasta que, de forma violenta, lograron desalojarnos hasta el bulevar del Paseo del Prado”, y “similar trato recibieron los numerosísimos periodistas que estaban cubriendo sobre el terreno la información”, señala.
“La delegada del Gobierno en Madrid y el Jefe Superior de Policía de la Comunidad nos tienen tristemente acostumbrados a una práctica de violación continua de los más elementales derechos constitucionalmente reconocidos”, pero no van a seguir tolerándolo, por lo que han decidido denunciar a Cifuentes por lo ocurrido el 11 de junio a las afueras del Congreso.
Además, avisan a la dirigente popular que no van a “renunciar” a su derecho a manifestarse, y en las próximas convocatorias de la Coordinadora 25S “no vamos a permitir que la violencia institucional impida la puesta en práctica de nuestros derechos”.
