El Gobierno ya tiene listo su plan de rescate para las autopistas en quiebra. Los bancos deberán renunciar al cobro de la mitad de sus deudas para avanzar en el salvamento público. El rescate de las autopistas en riesgo de quiebra amenaza con pasar una abultada factura a la banca. Los acreedores de la decena de vías de peaje que el Gobierno quiere salvar de la quiebra tendrán que renunciar al cobro de cerca de la mitad de la deuda contraída si quieren que el plan de salvamento salga adelante.
La cuantía de deudas pendientes de pago reconocida a los bancos se reduciría de este modo de los 3.800 millones de euros que recogen sus balances hasta sólo 2.400 millones. Así se lo han trasladado a Europa Press fuentes del sector conocedoras de las negociaciones. Además, la partida finalmente reconocida se convertiría en bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1%.
Si bien el recorte de pasivo del que se habla inicialmente es de sólo el 36%. Sin embargo, la extensión de plazos y la nueva rentabilidad extienden la quita total al 50% frente a las condiciones actuales. Las arcas públicas asumirían además una cartera de 1.200 millones de deuda comprometida para el pago de las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las fallidas autopistas en cuyo accionariado se encuentran varias de las grandes firmas de infraestructura y construcción del país.
Estas condiciones las habrían planteado representantes de los ministerios de Fomento y Hacienda en la primera reunión al respecto mantenida con los seis grandes bancos del país -y principales acreedores de estas vías-, y con Seopan, la patronal de constructoras y concesionarias, siempre según informa la agencia de información. El objetivo es mantener a flote las sociedades gestoras de estas vías sin ocasionar un nuevo impacto en la contabilidad del déficit público.
Fomento y Hacienda habrían dado plazo a sus interlocutores hasta el próximo lunes para que se pronuncien sobre la hoja de ruta presentada. Las entidades podrían ver en esta opción la alternativa menos dañina, pues la liquidación supondría un proceso de recuperación de préstamos mucho más prolongado y con menos garantías de éxito, explican varios analistas.
