El principal accionista de Carbures impugna su expulsión del consejo

La junta de accionistas que Carbures celebró el martes aprobó reducir el número de asientos en su consejo para impedir un eventual regreso de los Santacana. La historia de NH Hoteles se repite. Ahora, en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El accionista de referencia de Carbures, la sociedad AnanguGrup, ha impugnado su expulsión del consejo de administración de la cotizada gaditana, donde su representante había desempeñando por largo tiempo el cargo de consejero delegado.
 
AnanguGrup, una firma mercantil tenedora de acciones de la familia Santacana, ha anunciado que impugnará los acuerdos tomados en la junta de accionistas celebrada ayer martes por Carbures. En ella, además de retirar de sus asientos a los dos representantes que mantenía en la cúpula directiva de la gaditana, se redujo en el mismo número de puestos el número total del consejo, con el objetivo de evitar su regreso al órgano rector de la compañía.
 
Los Santacana critican que se les haya arrebatado un derecho al que tendrían acceso por poseer un 5% del capital de Carbures, cota que “supera con creces”, pues hoy por hoy detenta un 13,27% de su capital social juntamente con la sociedad Lacus. Ambas habían exigido un puesto para el ex consejero delegado José María Tarragó, cargo que desempeñó hasta que el año pasado se le apeó del puesto.
 
El destronamiento de AnanguGrup ha sido pergeñado por el vehículo de inversión Black Toro Capital que hoy por hoy es titular de únicamente un 10,08% del capital social de Carbures. Sin embargo, la iniciativa consiguió en junta un respaldo mayor debido a que fue planteada como una medida de choque frente a la supuesta gestión desleal del propio Tarragó.
 
Las acusaciones de Black Toro, según señala la agencia Efe al referir fuentes conocedoras de la situación, se refieren a la detección de supuestas incompatibilidades de cargo ejecutivo en la sociedad así como en referencia a un crédito convertible en acciones aprobado en mayo del año pasado. Así mismo, la propuesta se acompañó de la de la defenestración del también consejero por AnanguGrup de Jordi Lainz.
 
Del mismo modo, como una suerte de blindaje frente al posible retorno de los Santacana en una futura junta, se aprobó reducir de 12 a 10 los puestos del consejo de administración de la sociedad. De este modo, según explicó la misma en un comunicado posterior a la celebración de la junta de accionistas, se eliminan “las dudas sobre la existencia de vacantes”.
 
Desde el vehículo inversor de la saga empresarial catalana se lamenta que “entre otras” cuestiones, la actual cúpula directiva guardase silencio en torno al tipo de interés que se ha asumido con Black Toro a cambio de un préstamo participativo que asciende a 30 millones de euros ni ha instado a la capitalización del mismo o se ha producido una subida de la retribución del consejo del 3.400% a pesar de los números rojos registrados por la sociedad especializada en estructuras de carbono al cierre del primer semestre del año.
 
A pesar de que la reciente junta también ha aupado a unos accionistas históricos pero minoritarios, desde AnanguGrup denuncian que la reducción del número de consejeros resulta “lesiva” para los inversores de menor calibre por considera que “en lo sucesivo y en la práctica se les veta su entrada en el consejo”. Este habría de haber sido el caso de Cristina Romero, que se suma a la cúpula rectora de la sociedad a propuesta de una agrupación de accionistas con una representación superior al 18% del capital y que procede de Univen Capital, una firma de capital riesgo que es uno de los accionistas más longevos de Carbures pero que al tener un peso inferior a otros se ha mantenido en un segundo plano.
 
Como ocurrió en el caso de la hotelera NH, donde el presidente de la junta de accionistas empleó el voto delegado a favor de sus tesis, los Santacana denuncian “irregularidades” en algunas papeletas de la delegación del voto que habrían sido señaladas en la misma asamblea, sin que se procediera a su apartamiento a pesar de no cumplir “los requisitos legales de validez”, denuncia el principal inversor de una compañía que este miércoles cede un 3,77% en el MAB.