Los pequeños inversores de Abengoa vuelven a la carga

El actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, era vocal de la comisión den nombramientos y retribuciones cuando se aprobó indemnizar a Felipe Benjumea. La Plataforma de Perjudicados por Abengoa ha vuelto a la carga. El centenar de pequeños inversores de la sevillana agrupados en esta organización exigen ahora que la Audiencia Nacional fije una fianza millonaria para los consejeros que aprobaron la indeminzación que la cotizada procuró a su expresidente, Felipe Benjumea.
 
Después de haber recibido el revés de la homologación del convenio de acreedores presentado por Abengoa, desde la plataforma se ha cursado solicitud al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional para que imponga una fianza cautelar de 46,8 millones de euros al actual presidente y dos consejeras.
 
En su acusación, los 120 inversores agrupados en torno a esta organización, argumentan que estos directivos fueron responsables de la validación de la millonaria indemnización con que se compensó la retirada de Benjumea en el momento de mayor fragilidad financiera para la compañía. En este sentido, apuntan que el acuerdo para la distribución de esta partida en la sesión del consejo de administración del 23 de septiembre de 2015 habría contravenido incluso la Ley de Sociedades de Capital.
 
Los señalados por este grupo de pequeños inversores de Abengoa son su actual primer ejecutivo, el presidente Antonio Fornieles, y las consejeras Mercedes García Díez y Alicia Velarde Valiente, según el escrito remitido ya al referido juzgado y que recoge Europa Press. La acusación se fundamenta en que la primera era presidenta de la comisión de nombramientos y retribuciones, donde los otros dos tenían cargo de vocales en el momento de valorar la indemnización a la que dieron luz verde.
 
Desde la Plataforma de Perjudicados, que alegaba por la declaración en concurso forzoso de la compañía para evitar la pérdida de derechos frente a los acreedores de referencia, se solicita esta medida cautelar para cubrir las supuestas responsabilidades pecuniarias derivadas del caso, que se fijan en 15,6 millones para cada uno de los investigados por el tribunal de justicia.
 
Esta denuncia se fundamenta en las declaraciones de los propios investigados y en contra de lo sostenido hasta la fecha por Banco Santander. En este sentido, los denunciantes apuntan que la salida del expresidente Benjumea habría sido a consecuencia de la “exigencia” de esta entidad para participar en el necesario reflote financiero de la compañía mediante la aceptación del canje de deudas por acciones y una inyección adicional de capitales.