Las arcas públicas podrían embolsarse hasta 4.000 millones de euros una vez se complete la operación. Una privatización a la que Podemos se ha opuesto con rotundidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la salida a Bolsa de Aena. Un proceso que se espera poder completar el próximo 11 de febrero con el estreno bursátil de la hasta ahora compañía pública. El Gobierno espera poder captar hasta 2.000 millones de euros con la colocación del 28% de la gestora aeroportuaria.
La vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que esta operación se enmarca en el proceso de reformas estructurales de sectores que “necesitan mejorar su competitividad”. En este sentido, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha destacado que la entrada de capital privado “va a fortalecer” una gestión que ya se había reforzado en los últimos tiempos, pues en tres años se ha conseguido duplicar el resultado bruto de explotación o Ebitda de Aena.
Este paso de 800 a 1.600 millones de euros, según las últimas cifras disponibles, es el que ha facilitado que las condiciones que en un principio se habían barajado para la privatización de Aena se hayan revisado al alza en varias ocasiones. No obstante, la propia Pastor ha recordado que el precio definitivo de colocación de las acciones se fijará una vez tanteados los potenciales inversores a través de Enaire, la sociedad matriz de Aena, y de los bancos contratados para la operación: BBVA, Santander, Morgan Stanley, Bank of America y Goldman Sachs.
Los cálculos de los analistas consideran que el porcentaje final de colocación estará en torno al 28% y que por esta porción de la “mayor gestora aeroportuaria del mundo”, según palabras de la ministra, las arcas del Estado se embolsarán entre 1.500 y 2.000 millones de euros. Un importe que podrá alcanzar los 4.000 millones o incluso rebasarlos al sumar lo que se conseguirá con la ya pactada venta de un 21% adicional a los March a través de Corporación Financiera Alba, Ferrovial y el fondo británico TCI.
El aterrizaje en Bolsa de Aena está a punto de producirse después de haber retrasado el calendario inicialmente fijado para el proceso. Una tardanza que se ha atribuido a problemas formales con la firma de auditoría Ernst & Young (EY), encargada de validar las cuentas de la compañía con vistas a la privatización de la misma. Un proceso en el que en un comienzo se perfiló como ganadora Deloitte, si bien finalmente se apartó del proceso en un momento en que la sombra de la duda sobre su papel en la valoración de los balances de Bankia supuso cierto malestar en el Gobierno, según fuentes familiarizadas con el proceso que culminará la segunda semana de febrero.
Podemos, en contra
Justo después de que el Gobierno haya dado la aprobación definitiva al proceso de privatización, Podemos se ha apresurado a anunciar que si llega al Gobierno en las próximas elecciones generales revertirá la operación. La formación que lidera Pablo Iglesias califica la situación de “escándalo” y “expolio”.
El secretario de Participación Interna del partido, Luis Alegre, ha lamentado que “un sector completamente estratégico” termine repartido “entre amiguetes”. Sin embargo, la ministra ha justificado que con el método empleado mediante el cual el Estado mantendrá la titularidad de un 51% del capital social de Aena se garantiza la naturaleza de servicio público de la sociedad a la par que se evita un posible troceo de sus activos.
