Renta Corporación sale del concurso de acreedores en el que llevaba sumida un año y cuarto meses. Sus prestamistas han apoyado el convenio presentado por la inmobiliaria. El sector inmobiliario español comienza a salir de su asfixia. Renta Corporación ha conseguido salir del concurso de acreedores al que se vio sumida en marzo del año pasado. El juzgado que instruía la quiebra de la catalana ha aprobado la propuesta de convenio presentada por la ladrillera y cesa de sus cargos a los administradores concursales.
La salida del proceso concursal ya era solo cuestión de tiempo desde que el pasado 13 de junio Renta Corporación consiguió respaldo suficiente para sacar adelante su convenio de reflotamiento. Más de un año después, sobre todo a base de dación en pago, ha conseguido equilibrar una deuda financiera de 160 millones de euros y un agujero patrimonial de más de 27 millones en el que uno de los grandes perjudicados fue el ‘banco malo’ a consecuencia del traspaso de créditos dudosos en el proceso de saneamiento bancario.
En la hoja de ruta aprobada se contemplan tres posibilidades a las que los acreedores podrán acogerse. Una vez se dé cumplimiento a la misma, la compañía podrá ser readmitida a negociación en Bolsa española, en la que permanece suspendida desde antes de declarar el concurso por solicitud propia remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En la documentación remitida al supervisor se recoge la propuesta de pago parcial de los créditos con privilegio especial mediante la adjudicación de bienes. Esto es, recurriendo a la dación en pago de los activos puestos como garantías de estos préstamos. Una circunstancia que se mantiene invariable en todas las propuestas presentadas y que cumple con lo que la propia compañía anunció al poco tiempo de haber solicitado el amparo judicial frente a una deuda imposible de afrontar.
Ya en lo que se refiere al cobro de los créditos ordinarios y subordinados por parte de sus acreedores, la primera propuesta consiste en la aplicación de una quita progresiva según el importe del crédito y pagar el resto con importes anuales crecientes durante ocho años. La segunda opción, consiste en canjear una parte de la deuda en acciones del grupo inmobiliario y el resto en deuda participativa, que computa como capital. La última de las propuestas es convertir los créditos en participativos, de manera que sean pagaderos sólo cuando el resto de obligaciones de pagos se hayan satisfecho.
