«La herramienta existe y es hora de que se active», sostiene la ONG, que reclama que funcione el único instrumento para investigar violaciones de Derecho Internacional Humanitario. Médicos Sin Fronteras solicita que un instrumento del Protocolo de Ginebra, nunca usado desde su creación, sirva ahora para investigar el bombardeo del hospital de la ONG en Kunduz, Afganistán, donde murieron 10 pacientes, incluidos 3 niños, y 12 miembros de MSF a causa de los ataques aéreos de Estados Unidos.
Se trata de la Comisión Internacional Humanitaria de la Encuesta, el único órgano permanente creado específicamente para investigar violaciones del Derecho Internacional Humanitario. La comisión se creó en los Protocolos Adicionales de los Convenios de Ginebra en 1991, y para su activación se requiere que uno de los 76 Estados firmantes auspicie una investigación.
“Los gobiernos hasta ahora han sido demasiado condescendientes o han tenido miedo de sentar un precedente. La herramienta existe y es hora de que se active”, ha exigido Joanne Liu, presidenta internacional de Médicos Sin Fronteras, en una intervención en la sede de Naciones Unidas en Ginebra . Tacha de “intolerable” que los países firmantes se escondan “detrás de pactos de caballeros”: “Al hacerlo, crean un ambiente de impunidad y de libertad para hacer cualquier cosa”, denuncia.
“Es inaceptable que el bombardeo de un hospital y la muerte de personal y de pacientes se despache como daño colateral, o se deje de lado como un simple error”, ha proseguido Liu en referencia a la versión estadounidense, que en un primer momento calificó las muertes de daño colateral y más tarde asumió como error propio el bombardeo. “El ataque de Estados Unidos al hospital de MSF en Kunduz supone la mayor pérdida de vidas humanas para nuestra organización provocada por un ataque aéreo. Decenas de miles de personas en Kunduz ya no pueden recibir atención médica en el momento en el que más lo necesitan. Hoy decimos: Basta. Ya es suficiente. Incluso la guerra tiene reglas”, ha concluido la portavoz.
Un mecanismo inactivo durante casi 25 años
Hasta 1991 no se creó oficialmente esta comisión, que desarrolla un punto de los Convenios de Ginebra introducido en 1977. Es un órgano permanente cuyo cometido primordial es investigar todas las quejas por presuntas infracciones o violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario.
Está integrada por quince miembros elegidos por los Estados que han reconocido su competencia (76 en la actualidad). Esos integrantes actúan en la Comisión a título personal -sin representar al respectivo Estado- y han de ser personas de alta reputación y reconocida imparcialidad. La elección de los miembros de la Comisión tiene lugar cada cinco años, y los Estados deben cerciorarse de que su composición se ciña a una representación geográfica equitativa.
En cuanto a la financiación de los procesos, se establece que la parte que solicite la investigación debe anticipar los fondos necesarios para cubrir los gastos de la sala. Además, la “parte objeto de la investigación”, en este caso EEUU, debe reembolsar un 50% de los fondos anticipados. No obstante, el mecanismo contempla bastante flexibilidad en cuanto a la financiación de las investigaciones y está abierto a acuerdos entre las partes.
En este sentido, la ONG defiende que la masacre ha sido también un ataque a los Convenios de Ginebra, unos acuerdos que “regulan las reglas de la guerra y se establecieron para proteger a los civiles en los conflictos incluyendo a pacientes, personal médico e instalaciones sanitarias”. Defiende que los Convenios de Ginebra no son “un marco jurídico abstracto”, sino la “diferencia entre la vida y la muerte para los equipos médicos que están en primera línea de batalla. Son los que permiten que los pacientes tengan acceso a nuestras instalaciones sanitarias de manera segura y lo que nos permite proporcionar atención médica sin ser objetivo de guerra”.
