El memorándum filtrado revela que la UE obliga a Grecia a una venta de acciones a la que se oponen los ciudadanos y protegida por un fallo judicial. Mientras la mayor parte de Europa, Alemania incluida, da marcha atrás en la privatización del agua y remunicipaliza los servicios, se obliga a Grecia a “seguir la tendencia contraria”, denuncia un análisis del Observatorio Europeo de Corporaciones (CEO). En el documento filtrado que obliga a Grecia a privatizar activos públicos por valor de 50.000 millones de euros hay 23 bienes del Estado heleno. Entre ellos, dos empresas públicas de agua (EYDAP y EYATH), que dan suministro a dos de las ciudades más grandes del país: Atenas y Tesalónica. Sus cuentas están saneadas, “son modernas, funcionan bien y no hay ninguna justificación lógica para la privatización”, señala la plataforma. A pesar de los grandes recortes de personal, han mantenido un servicio de calidad con una de las tarifas más económicas en Europa. Además, unos 230.000 ciudadanos habían manifestado en un referéndum no vinculante en 2014, por una mayoría del 98%, su rechazo a la privatización del suministro.
La venta de acciones de las empresas públicas de agua es un asunto emblemático: los socios europeos habían insistido en privatizarlas, pero la fuerte oposición ciudadana bloqueó la propuesta. En junio de 2014, el Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo del país, dictaminó que la transferencia del control de la empresa pública de aguas a manos privadas era inconstitucional debido a la responsabilidad del Estado de proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a la salud.
¿A qué se obliga en el tercer memorándum? A vender acciones hasta dejar más del 49% de ellas en manos privadas. La troika exige así las mayores ventas posibles sin entrar en conflicto directo con el fallo del tribunal. George Archontopoulos, el presidente del sindicato de agua de los trabajadores de la empresa de Salónica, teme que a los inversores privados «se les dará el control de la gestión como un regalo. Tanto si se trata del 49% o del 51%, nos oponemos a la privatización de la empresa», dice Archontopoulos.
Las razones de los que se oponen se basan en numerosos ejemplos de asociaciones público privadas en las que multinacionales del agua poseen casi la mitad de las acciones pero acaban controlando la empresa y actuando para ampliar el margen de ganancias. “Un ejemplo irónico es que de la capital de Alemania”, recuerda CEO. Explica que Berlín vendió 49,9% de su compañía de agua (BWB) en 1999. A pesar de tener una propiedad minoritaria, las compañías privadas de gestión se hicieron con grandes ganancias a través de contratos secretos. En 2013, el agua de Berlín fue puesta de nuevo en manos públicas, después de casi 15 años de impopular privatización.
Europa traza un camino «fallido» para Grecia
Era el diario The Guardian el que hace apenas dos semanas criticaba que la insistencia del gobierno alemán y de las instituciones europeas por privatizar este servicio “contradice crudamente la tendencia en el resto de Europa”, donde las principales ciudades trabajan en la remunicipalización tras experimentos fallidos con compañías privadas. En el caso alemán, el suministro es mayoritariamente de propiedad y gestión pública.
Las empresas públicas de agua de Atenas y Tesalónica entraron en la bolsa de Atenas hace casi 15 años. Desde entonces, el número de empleados se redujo en una de ellas de 700 a 229. Es una plantilla muy reducida para una ciudad de más de un millón de habitantes, advierte CEO, que recuerda que en una ciudad como Amsterdam, con 1,3 millones de habitantes, su empresa pública de agua emplea a 1.700 trabajadores.
“La insistencia en la privatización por parte de la troika supone impulsar la ideología equivocada”, denuncia la plataforma. Señala, por un lado, que la venta de las acciones de los servicios públicos de agua producirá ganancias insignificantes respecto al panorama general. En segundo lugar, entregar los servicios esenciales a las multinacionales con fines de lucro conlleva graves riesgos para los más vulnerables entre la población afectada por la crisis. “La testaruda y agresiva imposición sobre la privatización va en contra de la voluntad de los ciudadanos griegos y representa un ataque directo a la democracia”.
“Es escandaloso que la Comisión Europea, una de las tres instituciones que conforman la troika, ignore una vez más su deber de permanecer neutral respecto a la propiedad de los servicios del agua de un país miembro”, denuncia el Observatorio.
