El organismo solicita en un informe que se replantee la propuesta del Proyecto de la Ley de Propiedad Intelectual que obliga a los agregadores a pagar a los editores por el uso de fragmentos “no significativos” de sus contenidos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de dar luz verde a un informe en el que cuestiona el Proyecto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se establece que los editores tienen el “derecho irrenunciable” de recibir una compensación de los agregadores de noticias por el uso de fragmentos “no significativos” de sus contenidos, la denominada ‘tasa Google’ o ‘canon AEDE’.
El organismo rebate el motivo que utilizó el Gobierno para introducir el canon, la competencia directa entre los editores y agregadores. La CNMC entiende que no existe competencia entre estos agregadores de noticias y los portales de información, por lo que no ve necesaria una compensación económica, según informa el controlador en un comunicado publicado en su blog.
Por ello, la CNMC solicita en el informe aprobado que se replantee esta tasa o que, si se decide mantenerla, se modifique “el carácter irrenunciable de la compensación” y se elimine “la reserva de actividad que se concede a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual”.
A grandes rasgos, el texto del organismo recuerda que los editores tienen a su mano “soluciones técnicas, sencillas y gratuitas” para decidir si quieren que sus contenidos se incluyan o no en estos agregadores. Además, señala las “cuantiosas inversiones” que hacen algunos medios y webs de información para mejorar su posicionamiento en los buscadores, una prueba, a su entender, de que se trata de un servicio “complementario y no competidor”.
En este sentido, subrayan también que las visitas obtenidas gracias a los agregadores “generan o pueden generar otros ingresos distintos de la suscripción, principalmente publicitarios”.
Otras ‘pegas’ que la CNMC encuentra a la ‘tasa Google’ es la cuantía de las contraprestaciones económicas. En su opinión, “sería ineficiente determinar ‘a priori’ y de forma generalizada, tanto la cuantía como la dirección en la que deben realizarse los pagos”. También critica que las compensaciones se realicen a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.
Por último, el organismo también entiende que esta modificación que obliga a los agregadores a pagar a los editores supone un perjuicio para los internautas, pues habrá “menor variedad de oferentes y de innovaciones tecnológicas”.
