El Ministerio de Empleo inicia otra macro campaña contra el fraude en el cobro de los subsidios. El Gobierno está inspeccionando a dos millones y medio de desempleados que cobran el paro.
Lo advierte elconfidencialdigital.com, diario que dice que Fátima Báñez “ha puesto en marcha una exhaustiva revisión a todos los beneficiarios” a quienes “se les está examinando uno a uno para comprobar que reúnen los requisitos que les dan derecho a la prestación. Objetivo: aflorar situaciones en las que estén percibiendo el subsidio de manera indebida.
Esta nueva ofensiva, recuerda el digital, se produce después de que, entre enero del 2012 y junio del 2013, los Servicios Públicos de Empleo (el antiguo INEM) retiraron la prestación a 159.793 personas en situación de paro, y a otras 360.779 se les suspendió el cobro por distintas razones, lo que supuso “un ahorro de 3.100 millones en el gasto en prestaciones por desempleo”.
Ahora, elconfidencialdigital.com asegura que “los Servicios Públicos de Empleo están inspeccionando a alrededor de dos millones y medio de beneficiarios. Representan casi la práctica totalidad de los parados que aún mantienen la prestación en España, que se sitúan en una cifra próxima a los 3 millones de personas.
Y pormenoriza lo que están revisando al detalle:
– Que los beneficiarios del paro estén inscritos como demandantes de empleo y mantengan dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación.
– Que esté afiliado y en situación de alta en la Seguridad Social, en un régimen que contemple la contingencia por desempleo.
– Que esté acreditada su disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar una colocación adecuada, mediante la suscripción de un compromiso de actividad.
– Tener cubierto un período mínimo de cotización por esta contingencia de 360 días, dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo, o al momento en que cesó la obligación de cotizar.
– No realizar una actividad por cuenta propia o trabajo por cuenta ajena a tiempo completo, salvo la compatibilidad establecida por un programa de fomento de empleo.
Finalmente, y para dar más ‘miedito’, este medio online recuerda que antes “los fraudes en las prestaciones a la Seguridad Social, como es el caso del paro, se regulaban como si fuera una subvención normal, y la irregularidad tenía que alcanzar los 120.000 euros para ser considerada delito.
Pero “ahora, da igual la cuantía: si de manera fraudulenta se están obteniendo prestaciones con dolo, se perseguirá penalmente al infractor”.
