La alcaldesa ha aumentado un 535% en dos años la aportación a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, trata de impulsar el alquiler de vivienda social en la capital y lo hace destinando más recursos a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), “una entidad pública que la ex alcaldesa Ana Botella estuvo a punto de liquidar en 2013”.
Lo cuenta hoy elindependiente.com basándose en datos de la Memoria del Presupuesto para 2017 de la EMVS, a la que dice haber tenido acceso, en la que “se recoge una aportación del Ayuntamiento de Madrid de 178 millones: el doble de lo destinado para este año 2016 (91 millones) y seis veces más que el presupuesto del último ejercicio de Botella (2015), cuando la subvención fue de 28 millones. Una subida del 535% en solo dos años”.
Explica el digital que dirige Casimiro García-Abadillo que “las líneas de actuación recogidas en el presupuesto de 2017 siguen dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos de ciudadanos más desfavorecidos”, y adelanta que “para el año que viene se prevén adjudicar unas 4.000 viviendas nuevas en régimen de VPO mediante una treintena de promociones de casas y gestionar otras 11.200 viviendas que están vacías en diferentes distritos de la ciudad, según los objetivos.
Recalca ademásel citado digital resalta que el Ayuntamiento no continuará con la política de vender las viviendas –ni a inversores privados ni a particulares- sino que “propulsará el alquiler de más casas sociales por la vía de la subvención: 40 millones de euros para construir vivienda nueva, siete millones para abonar el IVA -obligatorio- por traspasar viviendas en venta a alquiler, 41 millones para comprar viviendas ya erigidas (se adquirirán 315 viviendas en 2017), 68 millones para financiar gastos de explotación… así hasta 178 millones de euros.
También destaca elindependiente.com que “las listas de espera para apuntarse a una vivienda de la EMVS se han disparado hasta las 15.000 solicitudes” y que se han rebajado además los estándares de renta para facilitar el acceso a quienes menos dinero tienen. En concreto, a “solicitantes con ingresos de la unidad familiar comprendidos entre 0,75 y 3,5 veces el IPREM” (el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, un índice de referencia para asignar ayudas y subsidios). Son, según el Consistorio, los “colectivos con mayores dificultades”.
Se menciona igualmente en la memoria a otros sectores: “programas de Emergencia Social”, “programas de mayores de 65 años”, “mujeres en situación de vulnerabilidad”, “personas en situación de exclusión”… para todos estos colectivos desfavorecidos habrá arrendamiento de VPO, según los presupuestos.
“Si el sistema de la dependencia tiene hoy en día las carencias que tiene es porque se le secó la financiación durante los años…
