El caso Nóos podría quedar en agua de borrajas si sale adelante la propuesta de los inspectores de Hacienda de elevar el umbral necesario para imputar delitos fiscales. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) están en pie de guerra ante la propuesta de los inspectores del organismo para elevar el montante necesario para imputar un delito fiscal. Advierten de que si la iniciativa de sus colegas sale adelante muchas prácticas se quedarán fuera del alcance de la Justicia y el mismísimo caso Nóos “no sería delito”.
El análisis de la medida publicado este miércoles por los técnicos apunta que la medida para elevar a 600.000 euros la cota del delito fiscal “se aplicaría con carácter retroactivo, incluso en el caso de sentencia firme”. De este modo, todos los condenados por delitos fiscales por partidas inferiores a esa cuantía quedarían automáticamente absueltos y, lo que es más, deberían recibir la devolución de cualquier importe pagado en concepto de multa. Algo que automáticamente exculparía a los implicados en la supuesta trama que rodea a Iñaki Urdangarín en el caso de que finalmente se determinase la existencia de delito.
No sólo eso, advierten desde Gestha, sino que “las supuestas donaciones en B que afectan a partidos políticos” también dejarían de ser constitutivos de delito. Es por este motivo que en lugar de lo que promueven los inspectores, los técnicos optan porque se considere delictiva la evasión desde los 50.000 euros defraudados por impuesto y año, una cota que ya rige para considerar como delitos los fraudes contra la Seguridad Social y la Hacienda Europea.
Los técnicos recuerdan que “actualmente existe delito fiscal cuando se defrauda a Hacienda más de 120.000 euros por año y por impuesto”. Un comportamiento que lleva asociadas penas de prisión de un año como mínimo y una multa por al menos el importe defraudado. Si esta cuantía excede los 600.000 euros a los que apuntan los inspectores, hoy por hoy, se considera agravado y pasan a corresponderle penas de dos años de cárcel, el doble de multa y de plazo de prescripción, hasta los 10 años.
En su opinión, la medida no será suficiente ni “la más adecuada” para aliviar la saturación de los juzgados y tribunales. Un problema que abogan por atajar con “la dotación de más jueces y personal y la simplificación procesal”. Es así que incluso proponen que se sitúe en 120.000 euros el margen para considerar delito fiscal agravado, como ya viene ocurriendo con estos movimientos cuando implican a la Seguridad Social.
Drogas y prostitución
Por otra parte, el informe de Gestha advierte de que con el pago de impuestos por el comercio con drogas blandas y el ejercicio de la prostitución “se estarían blanqueando actividades ilícitas” como el tráfico de estupefacientes y personas. A su parecer, esta iniciativa para generar ingresos extra para la Hacienda Pública se traduce en “buscar ingresos a cualquier precio”, como ha señalado el secretario general del colectivo profesional, José María Mollinedo. En su opinión, el foco debería ponerse en empresas y patrimonios, que “concentran la mayor parte de la evasión y que a día de hoy solo concentran el 20% de los esfuerzos de la Agencia Estatal Tributaria (AEAT)”, han denunciado.
