Los sindicatos demandantes piden la devolución de 67 millones de euros y el retorno a los centros de origen de los trabajadores afectados por los traslados. La ejecución de la sentencia del 14 de noviembre en la que la Audiencia Nacional condenaba tanto a Liberbank como a su filial CCM a reponer a los trabajadores en las condiciones laborales anteriores a la aplicación del ERE de junio del año pasado, podría suponer que el banco reformulase sus cuentas de 2013 hasta unas pérdidas de 80 millones de euros.
Así lo defendió el abogado de la empresa durante la vista celebrada ayer en la Audiencia Nacional. En concreto, la empresa argumentó que era imposible la ejecución en lo que se refiere a la devolución de los 67 millones de euros reclamados por los sindicatos demandantes, pues supondría rehacer las cuentas de 2013 arrojando unas pérdidas de 80 millones de euros antes de impuestos, teniendo en cuenta además que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reclamaría las prestaciones abonadas a los empleados que cobraron el paro durante los meses en que se aplicó el ajuste.
Según recoge CSIF, la defensa de Liberbank argumentó asimismo que la sentencia no es firme, ya que está recurrida, y que, en todo caso, la sentencia de nulidad no abarcaría al ERTE unilateral acordado por la empresa, sino solo a las medidas del 25 de junio, cuando alcanzó un acuerdo con UGT y CCOO.
La empresa considera que la sentencia ya se ha cumplido, al dejar de aplicar estas medidas desde el 1 de enero, fecha en la que entró en vigor un nuevo acuerdo, firmado esta vez con UGT, CCOO y CSIF. Por último, defendió que no procedía tampoco anular los traslados, pues fueron efectuados según el acuerdo de enero de 2011, aunque con modificación de compensaciones y, en todo caso, debería resolverse mediante demandas individuales por cada afectado.
Los sindicatos demandantes, por su parte, pidieron al juez las cantidades detraídas a los trabajadores, que calculan en unos 67 millones de euros. También solicitaron la devolución a los centros de origen de los trabajadores afectados por movilidad geográfica, ya que consideran que se produjeron actuando de “mala fe” y en “abuso de derecho”, aprovechando las circunstancias familiares y personales de los afectados para obligarles a dejar la empresa (de 149 trasladados solo quedan en la empresa 50).
