El Gobierno se vio obligado en mayo del año pasado a modificar el código de buenas prácticas bancarias ante el escaso impacto que tuvo para las familias. El escaso alcance que tuvo el ‘código de buenas prácticas bancarias’ que impulsó el ministro de Economía, Luis De Guindos, en marzo de 2012, obligó al Gobierno a reformar este texto en mayo del año pasado, ampliando el número de familias que podían beneficiarse del mismo. Sin embargo, apenas la mitad de los bancos que se adhirió al primer código se ha sumado a esta versión mejorada.
En concreto, según se muestra en el Boletín Oficial del Estado (BOE ), 47 bancos se han sumado al nuevo código de buenas prácticas, frente a los 101 que lo hicieron al primero, de marzo de 2012.
No obstante, tal y como rezaba la ley que modificaba las medidas de protección a las familias, “las entidades que no se adhieran a las mismas seguirán obligadas en los términos del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, en su versión originaria”. Es decir, no están sujetas al cumplimiento de este código, pero sí de su versión anterior.
De este modo, 50 entidades siguen adheridas al primer código de buenas prácticas y 47 lo están al nuevo. En total, 97 bancos, frente a los 101 iniciales, si bien esta diferencia se explica por la desaparición de algunas entidades a lo largo de la crisis durante el proceso de reestructuración del sector financiero.
Entre las entidades que sí se han adherido al código más nuevo (Ley 1/2013, de 14 de mayo), el que ofrece una mayor protección a las familias, se encuentran los principales actores del panorama bancario español, incluyendo el Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular y Banco Sabadell. También las nacionalizadas Bankia, CatalunyaCaixa y Novagalicia. Esta última ha sido vendida recientemente a Banesco, que planea fusionarla con Banco Etcheverría, por ahora sólo adherido al primer código, según el BOE.
El Gobierno se vio obligado a modificar las directrices para la protección de las familias ante el escaso impacto que tuvieron, ya que se quedaban fuera dos de cada tres peticiones. Se amplió el umbral de exclusión que medía los hogares que podían acogerse a este código, así como las circunstancias familiares de especial vulnerabilidad, entre las que se incluyeron las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a cargo, o aquellas con un hijo menor de tres años, entre otras.
