CSI avisa de que la deuda de Liberbank con los trabajadores a los que ha aplicado el ERTE se incrementa cada día que pasa sin que la sentencia sea cumplida en 300.000 euros. La deuda de Liberbank con los trabajadores a los que ha aplicado el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) anulado por la Audiencia Nacional asciende a 60 millones de euros, según los cálculos manejados por la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), uno de los sindicatos que decidieron llevar ese ajuste laboral a los tribunales.
En su página web, CSI no sólo valora en más de 60 millones de euros la cantidad que debe abonarse a los trabajadores por haberles sido sustraída de manera ilegal, sino que avisa que la factura se incrementa, cada día que pasa sin que la sentencia sea cumplida, en 300.000 euros.
Liberbank decidió interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba el ERTE acordado con CCOO y UGT, por lo que de momento siguen vigentes las reducciones de jornada y sueldos que comenzaron a aplicarse a finales de junio. Al mismo tiempo, la dirección del banco que preside Manuel Menéndez comunicó a los sindicatos la apertura de una nueva mesa de negociación, por lo que, si se cumplen los plazos, el nuevo ajuste podría anunciarse en las próximas Navidades.
La intención del banco es recortar un 25% los costes laborales, pero no será sencillo alcanzar un acuerdo, dadas las confrontaciones con (y entre) los sindicatos durante el último año. En ese sentido, CSI ya ha avisado de que “toda posible negociación ha de partir de la idea de que no deben ser nuestros salarios y nuestros despidos a bajo coste los que financien Liberbank”.
El sindicato avisa además de que toda medida de ajuste propuesta por la dirección “debe ser acompañada con la documentación necesaria para que los representantes de los trabajadores podamos estudiar su supuesta justificación y debe partir de la base de garantizar la conservación de los puestos de trabajo”.
“Igualmente”, añade CSI, “toda medida propuesta por la dirección tiene que ser igualitaria, no discriminatoria, justificada, razonablemente limitada en el tiempo, con garantía real de recuperación, y de una magnitud que pueda ser asumida de forma razonable por cada trabajador y, de forma obligada, sometida a consulta entre los trabajadores”.
El sindicato avisa además de que, al margen de la negociación que pretende abrir la dirección, está estudiando la posibilidad legal de exigir responsabilidades personales “por la vía penal” a quienes, con su firma, aprobaron el acuerdo y exigimos la inmediata dimisión de Manuel Menéndez y su equipo directivo e igualmente, la de los dirigentes de CCOO y UGT firmantes del acuerdo inmoral, “fraudulento e ilegal”, del 25 de junio.
