BMN “no paga por las horas extraordinarias que obliga a trabajar, y tampoco cotiza por ellas. Algo injusto, intolerable e ilegal”, denuncia UGT. La Inspección de Trabajo ha decidido incoar “expedientes administrativos sancionadores por infracción grave contra BMN”. El órgano dependiente del Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez toma esta decisión a raíz de las denuncias presentadas por los sindicatos contra el banco por las prolongaciones de las horas de trabajo tras el ERE.
“Las denuncias de UGT han dado su fruto”, se congratula la sección sindical de Andalucía en su página web, en un comunicado en el que recuerda además que “la base de las relaciones del empleado con la empresa es el pago por el trabajo realizado”. “El banco no paga por las horas extraordinarias que obliga a trabajar, y tampoco cotiza por ellas. Algo injusto, intolerable e ilegal”, recuerda el sindicato.
“En los centros de trabajo objeto de inspección por esta funcionaria no se registra la jornada diaria de cada trabajador, ni se totaliza mensualmente ‘a efectos del cómputo de horas extraordinarias’ como prevé el art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores”, recoge uno de los informes remitidos por la Inspección de Trabajo a UGT.
Por ello, “se incoa procedimiento administrativo sancionador contra la empresa por Infracción Grave tipificada en el artículo 7.5 del Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE del 8), por infringir el art.35.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”, concluye el informe.
Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recuerda UGT, se debe realizar y entregar al trabajador un informe mensual donde conste la jornada real diaria trabajada, a efectos del cómputo de las horas extraordinarias; aspecto corroborado por la inspección en los mencionados informes.
A finales del pasado mes de mayo, la dirección de BMN alcanzó un acuerdo con los sindicatos para acometer un ERE que afectará a 900 trabajadores de la entidad surgida de la fusión de Caja Murcia, Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès.
El arreglo contempla 170 bajas incentivadas con indemnizaciones de 30 días por año y un tope de 22 mensualidades, más una prima de 2.100 euros por cada tres años trabajados y otra de entre 4.000 y 20.000 euros por voluntariedad. Asimismo, se verán afectados 200 trabajadores mayores de 50 años, a los que se les ofrecen condiciones similares a otros acuerdos en el sector, con una media de unos 250.000 euros. Otros 150 empleados saldrán por la externalización de servicios, para lo que se negociarán garantías en materia de empleo y condiciones de los afectados, y 80 por la venta de la red en Madrid.
Por último, habría que sumar 300 empleados afectados a través de medidas de flexibilidad interna, con 125 suspensiones rotatorias de de nueve meses con 600 euros mensuales en concepto de ayuda y 50 excedencias remuneradas voluntarias hasta el 31 de diciembre de 2017 (20% del bruto, con mínimo de 12.000 euros anuales). Además, se reducirán otros 125 puestos de trabajo a través de 675 reducciones de jornada del 20% (librando lunes o viernes).
