El juez Javier Gómez Bermúdez toma declaración hoy a tres exdirectivos de la CAM, entre ellos el exdirector general Roberto López Abad. El número de detenidos asciende a nueve personas. La Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el marco de la operación ‘Mar Nuestro’, ha procedido a la detención de nueve personas y a la imputación de otras once, en las provincias de Alicante, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia por presuntos delitos fiscales y societarios, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
Dentro de este proceso, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez toma declaración hoy a tres exdirectivos de la CAM, que se encuentran entre los detenidos. Son el exdirector general Roberto López Abad, el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la caja Daniel Gil Mallebrera y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja, Cesar Veliz.
El Ministerio de Interior ha señalado asimismo que la Guardia Civil ha llevado a cabo diversos registros, en distintas fases, entre ellos las sedes de las empresas concesionarias de los préstamos así como los domicilios de los principales responsables.
La investigación se inició en el año 2012 como consecuencia de una denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez intervenida la CAM por el Banco de España, contra los antiguos directivos por la supuesta concesión de varios préstamos a conocidos empresarios del Levante español eludiendo los procedimientos internos de control de la entidad.
Estos, a través de un entramado de empresas, fueron beneficiarios de varios préstamos que superaban el importe de 216 millones de dólares, concedidos para la compra de dos hoteles y varios suelos hoteleros en México, República Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotación. La CAM poseía el 30% de las acciones del grupo empresarial que explotaba los hoteles.
Como consecuencia del análisis de la información recabada, se ha puesto de manifiesto la presunta creación de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habría permitido derivar a un paraíso fiscal los beneficios de explotación de varios hoteles de lujo en el Caribe, estimándose en millones de euros la cantidad defraudada a la Hacienda Pública española.
