La asociación ‘15MpaRato’ ha presentado hoy en la Audiencia Nacional un documento que, a su juicio, “prueba la estafa de las preferentes” emitidas por Caja Madrid, integrada ahora en Bankia.
En este documento, la asociación señala que un 98,9% de las preferentes se colocaron entre familias, y el 1% restante a pymes. Por el contrario, ninguna institución financiera adquirió estos títulos, “lo cual es curioso, porque los bancos suelen tener acciones de otros bancos, y las preferentes eran como acciones”, señala el ‘15MpaRato’.
“A las cooperativas de crédito y otros establecimientos financieros tampoco consiguieron venderles preferentes. Ni a los fondos de garantías. Ni a los de inversión. Ni a las SICAV, ni a las entidades gestoras de valores, ni a las agencias de valores, ni aseguradoras, que suelen invertir en valores seguros y rentables a largo plazo. O no consiguieron vendérselas, o directamente ni se atrevieron. Tampoco le vendieron preferentes a los fondos de pensiones ni a los fondos de previsión social”, destaca el documento. En total, señala la asociación, “inversores profesionales: cero mil cerocientos”.
Caja Madrid vendió estas preferentes “exclusivamente a sus clientes”, “una clase de personas previamente elegidas, víctimas fáciles”. Así, las preferentes se colocaron entre “más de dos centenares de miles de pequeños consumidores, incluyendo todas las cajas y a las obligaciones subordinadas”.
Asimismo, se vendieron a 897 pequeñas empresas no financieras, “lo que se conoce como pymes y que parece confirmar el rumor de la calle que refiere que a veces, para conceder créditos, condicionaban la concesión de los préstamos a la compra de participaciones preferentes”, aproximadamente un millón y medio de títulos.
No obstante, según consta en el ‘term sheet’ aprobado por la Comisión Europea para Bankia con el plan de reestructuración, el grupo tenía en circulación 6.911 millones de euros entre preferentes y deuda subordinada emitidas por las cajas fundadoras, y más de un 26% de estos títulos, 1.849 millones de euros, estaban en manos de inversores institucionales.
Para el ‘15MpaRato’ el hecho de que estos productos se vendieran “única y expresamente a gente humilde y sin suficientes conocimientos bancarios, a pequeños ahorradores, es totalmente ilegal”.
Asimismo, carga contra la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que era “la encargada de haber evitado la estafa” y que “conocía esta información desde un principio y no la compartió”. En concreto, la asociación denuncia que el regulador contaba con esta información desde el siete de julio de 2009.
