La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha denunciado al expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, al exdirector general Adolf Todó y a otros 52 miembros del consejo de administración en 2010 por “retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia”.
Algunos observadores han señalado el contraste entre esta actitud del Ministerio Público con Serra y la que ha adoptado con otras figuras políticas también metidas en el escándalo de las cajas como Rodrigo Rato, por ejemplo.
El ataque a Serra es, además, la iniciativa más mediática iniciada por Anticorrupción después de que a finales de julio José María Romero de Tejada tomase posesión como fiscal superior de Cataluña en sustitución de Martín Rodríguez Sol, que se vio obligado a dejar el cargo después de que la Fiscalía General del Estado le abriese un expediente por haber defendido la consulta soberanista de Artur Mas.
Según recoge Europa Press, el fiscal Fernando Maldonado denuncia a los miembros que adoptaron los acuerdos que constan en las actas del 19 de enero de 2010 y del 13 de octubre de 2010 donde se suscribieron fondos de pensiones, seguros, pólizas e indemnizaciones que pudieron suponer una “administración desleal”. Ese mismo año, la entidad recibió 1.250 millones de euros al recién creado FROB como apoyo para la fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona.
“Retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país”, considera el escrito del fiscal.
La Fiscalía pide en total la imputación de 54 antiguos directivos de la ahora entidad nacionalizada, incluida la totalidad de su cúpula directiva en 2010 y otros consejeros, entre los que se encontrarían representantes de los sindicatos.
A diferencia de otras causas abiertas sobre la gestión de las antiguas cajas de ahorros, esta vez ha sido la propia Fiscalía la que ha dado un paso al frente, en vez de esperar a demandas particulares. No obstante, no es la primera vez que ocurre: la Fiscalía gallega también se querelló contra cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por administración desleal y apropiación indebida de al menos 7,8 millones de euros, en concepto de indemnizaciones por prejubilación, que se habrían adjudicado sin autorización del consejo de administración de la entidad ni del Banco de España.
No obstante, en el caso de la Fiscalía de Barcelona, el número de imputados se elevaría hasta 54. Entre ellos destaca además Narcís Serra, exalcalde de Barcelona y exvicepresidente del Gobierno con Felipe González, que ya tuvo que dar explicaciones ante el Congreso de los Diputados y el Parlamento catalán sobre la gestión de las cajas de ahorros que desembocó en la crisis.
Narcís Serra, presidente de Caixa Catalunya desde 2005 hasta 2010, explicó entonces que su sueldo como presidente de la entidad era de 175.000 euros anuales más las dietas, una retribución que “ni era variable, ni tenía aportación al plan de pensiones, ni incluía una indemnización”. De hecho, llegó a asegurar ante el Congreso que no le parecieron bien las indemnizaciones que cobraron algunos directivos de la caja, y que hizo “lo posible” por reducirlas.
Otro de los nombres destacados es el de Adolf Todó, exdirector general de Caixa Catalunya y posteriormente presidente de CatalunyaCaixa (surgida de la fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona) hasta que en mayo de este año el ministro de Economía, Luis De Guindos, decidió despedirle enfadado por la tardanza en acometer el proceso de reestructuración de la entidad. El FROB consideró procedente el despido, por lo que se negó a pagar la indemnización de 600.000 euros que le correspondería.
Junto a Todó y Narcís Serra, en el listado de de denunciados figuran el ejecutivo Antoni Llardén, presidente de Enagás; el catedrático y ex rector de la Universidad Pompeu Fabra, Gabriel Ferraté; y el expresidente de Caixa Manresa y de la Fundación CatalunyaCaixa, Manel Rosell.
La denuncia de la Fiscalía irrumpe en plenas negociaciones del expediente de regulación de empleo de CatalunyaCaixa, que afectará a 2.453 empleados a los que la entidad ha ofrecido por ahora el mínimo legal, esto es, 20 días por año y 12 mensualidades.
Caixa Catalunya, junto con Caixa Manresa y Caixa Tarragona, conformó CatalunyaCaixa, actualmente en manos del Estado tras haber recibido más de 12.000 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
