A pesar de la polémica generada y de la sentencia del Tribunal Supremo, BMN, que ha recibido ayudas públicas por valor de 730 millones, descarta por el momento eliminar las ‘cláusulas suelo’ de sus contratos hipotecarios, según ha señalado en un folleto enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
“A juicio de BMN, no resulta procedente eliminar con carácter general las ‘cláusulas suelo’ existentes en la cartera hipotecaria con clientes que ostentan la calidad de consumidores”, destaca en este documento, en el que recuerda que una sentencia del Tribunal Supremo, con fecha del 9 de mayo, condenaba, por defectos en su comercialización, a tres entidades a eliminar de sus contratos las cláusulas examinadas y abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, si bien señalaba que la sentencia no era retroactiva, por lo que las entidades no debían devolver el dinero cobrado de más.
En ese sentido, en su comunicado al regulador, BMN recuerda que “no está entre estas entidades y viene comercializando (hipotecas) con diferentes modelos contractuales que cumplen los criterios marcados por la regulación”.
Por ello, después de evaluar las ‘cláusulas suelo’ de BMN en el contexto de los trabajos realizados para contestar a una carta del Banco de España, la entidad señala que “se puede concluir que las cláusulas referidas existentes en la cartera de préstamos hipotecarios vivos de BMN no pueden considerarse afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo”, por entender que cumplen con la normativa aplicable y fueron negociadas “individualmente con cada uno de los clientes”.
BMN, controlado en un 75% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras haber recibido 730 millones de ayudas públicas, aplica ‘cláusulas suelo’ a aproximadamente un 27% del total de su cartera crediticia a consumidores.
Las denominadas ‘cláusulas suelo’ son aquellas en virtud de las cuales el prestatario acepta un tipo de interés mínimo a pagar al prestamista con independencia de cuál sea el tipo de referencia aplicable. Tras la sentencia del Supremo, el Banco de España solicitó a todas las entidades un informe sobre el impacto que podría tener en sus cuentas.
