La solución impulsada por el ministro de Economía, Luis De Guindos, para atajar el escándalo de las preferentes no sólo ha sentado mal a los clientes atrapados en estos productos, que perderán hasta la mitad de sus ahorros, sino también a la banca sana, obligada de nuevo a realizar un sacrificio adicional para otorgarles liquidez.
El plan para los títulos de capital híbrido (participaciones preferentes y deuda subordinada) establece un canje de los títulos de las cajas rescatadas por nuevas acciones. Este canje se realizará con descuentos significativos para que de este modo los tenedores soporten parte de los costes del rescate, tal y como exige Bruselas.
En concreto, en el caso de Bankia las preferentes se canjearán con un descuento medio del 38%; la deuda subordinada perpetua, del 36%; y la deuda subordinada a vencimiento, del 13%. En estos últimos títulos, los tenedores podrán optar también por un canje a través de un depósito bancario tradicional con el mismo vencimiento y con un descuento sobre el nominal del 1,5% mensual hasta la fecha de vencimiento de la emisión.
En Novagalicia, los descuentos serán del 43% para las preferentes, del 41% para la deuda subordinada perpetua y del 22% para la subordinada a vencimiento, mientras que en CatalunyaCaixa alcanzarán el 61% en las preferentes, el 50% en la deuda subordinada perpetua y el 11% en la deuda con vencimiento. Tanto en la catalana como en la gallega, los clientes también podrán optar por un depósito en la deuda subordinada a vencimiento, también con las mismas condiciones.
Sin embargo, más allá de las duras quitas impuestas, el problema surge a la hora de otorgar liquidez a las acciones que se otorgarán a cambio de las preferentes, ya que ni CatalunyaCaixa ni Novagalicia cotizan en Bolsa. La solución encontrada por Guindos pasa por utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para este cometido, algo que ha molestado en el seno de la banca, teniendo en cuenta además que el fondo no cuenta con demasiados recursos tras haber ‘apechugado’ ya con algunos rescates, especialmente el de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Por ello, los bancos que nutren el fondo deberán hacer una derrama extraordinaria del 3 por mil de los depósitos, lo que supondrá unos 2.000 millones de euros, según las estimaciones del ministro de Economía. No obstante, habrá exenciones a esta derrama. Así, se eximirá a las entidades participadas por el FROB, a las más pequeñas o a las que han aportado fondos a la Sareb.
En este último caso, las entidades podrán deducirse hasta un 30% del importe invertido en el ‘banco malo’, una medida que perjudica especialmente a BBVA, único gran banco que dio la espalda a este instrumento. El mercado estima que al banco que preside Francisco González la derrama le costará 300 millones de euros.
Sin embargo, una muestra clara de que la decisión de Guindos no ha sentado bien entre los grandes bancos del país podría ser el ‘tirón’ de orejas que ayer mismo dio al ministro el presidente del Santander, primera entidad financiera de España. Emilio Botín aprovechó su intervención en la presentación de la Memoria 2012 de la Fundación Botín para recordar que “cada uno debe pagar lo suyo”. “El Santander ha solucionado su tema perfectamente” recordó haciendo referencia al canje que hizo en su día la propia entidad, “el que no lo haya solucionado, que lo haga”.
No es la primera vez que las decisiones de Guindos crean malestar en la banca. También polémica fue en su momento la inversión de las entidades en el ‘banco malo’ solucionada al final con la ya mencionada polémica ausencia de BBVA.
