Los trabajadores lamentan la «desestabilización de una de las industrias más prósperas de este país». Los estibadores han acusado al Ministerio de Fomento de defender únicamente los “intereses” de las grandes empresas con el real decreto de reforma del régimen de los trabajadores de la estiba portuaria. Según la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), esta medida “solo logrará la desestabilización de una de las industrias más prósperas de este país”.
Los trabajadores de la estiba rechazan de manera “absoluta y enérgica” el real decreto ley aprobado por el Gobierno, ya que se trata de una norma “autoritaria y abusiva” que, además de ir “mucho más allá de lo que pide Europa” en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, “no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales”.
«La norma que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros solo logrará la desestabilización de una de las industrias más prósperas de este país, un reducto en el que desarrollan su labor algunos de los pocos colectivos que mantienen condiciones de trabajo decentes», se lamenta la Coordinadora.
Según este colectivo, a pesar del diálogo y consenso ofrecido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha preferido “seguir adelante con un plan que solo busca el bienestar de la patronal”. “Tan evidente es esta falta de ecuanimidad que esta tarde ha citado a los empresarios, y no a los trabajadores, ya con el decreto aprobado, a una reunión en el Ministerio”, critican los estibadores, que reconocen que su única salida pasa por una huelga.
“La única medida de presión que les queda a los trabajadores para llamar la atención de la opinión pública y el resto de los grupos políticos sobre este abuso del Gobierno es ejercer su derecho a la huelga”, señala CETM, que recuerda que los paros comenzarán el próximo 6 de marzo.
Asimismo, los trabajadores de la estiba apelan a la “responsabilidad” y el “sentido común” del los grupos políticos para que esta iniciativa, “que esconde un expediente de regulación de empleo para 6.150 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva”, no se apruebe en el Congreso.
