El Gobierno entierra el código de buenas prácticas para las cláusulas suelo tras el rechazo de la banca

Cláusulas suelo

El Gobierno entierra el código de buenas prácticas para las cláusulas suelo tras el rechazo de la banca

    Cartel en contra de las cláusulas suelo

    El Ejecutivo prepara un mecanismo que será de obligado cumplimiento pero que dará más margen a las entidades para negociar con los clientes El rechazo tanto de la oposición como de la banca ha llevado al Gobierno a dar marcha atrás al código de buenas prácticas con el que pretendía agilizar el proceso para que los afectados por las cláusulas suelo de las hipotecas recuperasen el dinero pagado de más. A cambio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy prepara un mecanismo que será de obligado cumplimiento pero que dará más margen a las entidades a la hora de negociar con los clientes.

    Este nuevo mecanismo, que se desarrollará mediante un Real Decreto en las próximas semanas, se basará en un procedimiento interno que persigue el objetivo de que la mayor parte de los casos se pueda resolver sin tener que acudir a los tribunales, según han señalado fuentes del sector a ElBoletin.com.

    Aunque todavía falta mucha letra pequeña en este decreto que prepara el Ejecutivo, la intención es que el cliente afectado pueda reclamar al banco el dinero y se abra un proceso de negociación interna entre las dos partes que se traduzca en la devolución del dinero o la novación del crédito. Así, se pretende que la mayor parte de los casos se resuelva de manera ‘amistosa’ antes de tener que llegar a la Justicia ordinaria.

    En un primer momento, el Gobierno había ideado un código de buenas prácticas similar al aprobado hace unos años para evitar los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad. Los bancos con cláusulas suelo en sus hipotecas podían adherirse voluntariamente a este código, pero una vez firmado era de obligado cumplimiento.

    El problema es que los bancos consideraban que era demasiado lesivo para sus intereses, ya que les obligaba a asumir de golpe que todas sus cláusulas suelo eran ilegales ‘per se’, y además se incluían algunas medidas que consideraban inasumibles. Por ejemplo, en el texto se incluía la obligación de que los bancos fuesen proactivos, es decir, que se viesen obligados a comunicar a cada cliente individualmente que éste tenía derecho a reclamar, así como unos plazos muy estrictos para resolver las reclamaciones.

    También la oposición había mostrado su rechazo al código de buenas prácticas. El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, defendió públicamente una “solución extrajudicial” para que los afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar su dinero. Aunque coincidió con el Gobierno en que los afectados deben recuperar lo pagado de más “sin quitas, sin demoras y sin tener que acudir uno a uno a los tribunales”, para el diputado socialista no era “razonable dejar la solución a este problema en manos de la voluntariedad de los bancos de seguir o no un determinado código de buenas prácticas”.

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