El Supremo cuestiona la legalidad del sistema, que pide aportaciones sólo a las empresas minoristas, excluyendo a las distribuidoras. El Tribunal Supremo ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la financiación del fondo de eficiencia energética creado por el Gobierno a finales de 2014, cuando era ministro José Manuel Soria, es compatible con la ley comunitaria.
Según recoge la agencia Reuters, el Supremo, a instancias de un recurso presentado por la operadora petrolífera Saras Energía, se cuestiona sobre la legalidad del sistema, que pide aportaciones sólo a las empresas minoristas, excluyendo a las distribuidoras.
Este fondo de eficiencia energética, que ha sido recurrido por varias compañías, se financia en una parte con fondos públicos y en otra con la aportación de empresas de los sectores de electricidad e hidrocarburos en función de sus ventas, señala la agencia. Así, para 2016, la dotación obligatoria para las empresas fue de 216 millones, con las mayor aportaciones recayendo en Repsol (42 millones), Gas Natural (26 millones), Endesa (29 millones), Cepsa (22 millones) o Iberdrola (15 millones).
Se trata del segundo pronunciamiento del Supremo sobre el sector energético después de que el miércoles pasado volviese a tumbar el denominado “bono social”, una tarifa eléctrica reducida dirigida en principio a los colectivos más desfavorecidos que desde hace doce años se financia con cargo a las eléctricas.
En concreto, la compañía se ha situado entre los valores que más han perdido del Ibex 35 al desplomarse un 3,69%, hasta los 20,88…
