El Ejecutivo no ha dejado de tirar de la hucha de las pensiones desde que comenzó la legislatura, que tiene ya la mitad de fondos que los que se encontró. Desde que comenzó la legislatura, el Gobierno no deja de tirar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de modo que en la hucha de las pensiones cada vez hay menos ahorros. La última disposición tendrá lugar este mes, según ha afirmado hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.
A finales de septiembre, el fondo contaba con 44.335,21 millones de euros, el equivalente al 4,19% del PIB. Descontando la nueva disposición –y sin tener en cuenta los intereses que se hayan generado desde entonces- los fondos disponibles se reducen hasta los 36.635 millones, frente a los 66.814 millones que dejó en anterior Ejecutivo socialista. Es decir, un 45,2% menos, prácticamente la mitad.
Para atender el volumen de recursos que van a tener que pagar a los pensionistas españoles en diciembre, mes en el que se integran la paga ordinaria y la extraordinaria, se efectuará una disposición de 7.700 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva.
La primera vez que el Gobierno utilizó dinero del Fondo de Reserva fue a finales de 2012, año en que empleó 7.003 millones. Desde entonces, puntualmente, en los meses de julio y diciembre, el departamento dirigido por Fátima Báñez ha recurrido a la hucha de las pensiones. Así en 2013 gastó 11.648 millones, y en 2014, otros 15.300 y este 2015 otros 11.450 millones. En conjunto 45.401 millones de euros.
Pero la cifra no termina ahí, porque la Seguridad Social también usó 5.350 millones de los excedentes de la gestión de las mutuas de accidentes laborales en diciembre del año pasado. De modo, que la cifra total asciende a 50.721 millones de euros.
El fondo de reserva de las pensiones fue creado en el año 2000 por el Gobierno de José María Azanar con el objetivo de crear un colchón para hacer frente al envejecimiento de la población, algo que podría comprometer el pago de las pensiones. El actual Gobierno suprimió el tope de retirada de dinero (unos 3.000 millones al año) que establece la ley que permite usar esta ‘hucha’ cuando haya déficit estructural en las cuentas de la Seguridad Social.
