Ausbanc presume del ‘respaldo’ que ha recibido de la Comisión Europea a favor de que los clientes afectados recuperen todo el dinero pagado de más. Las Audiencias Provinciales de Valencia, Alicante, Girona, Guipúzcoa, Barcelona y Álava han decidido suspender los procedimientos de cláusulas suelo a la espera del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en cuanto al dinero que debe devolverse a los clientes afectados, según ha anunciado Ausbanc.
La postura de la asociación de usuarios bancarios es que los afectados por las polémicas cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios “recuperen la totalidad de las cantidades indebidamente pagadas”, en contra de la tesis del Tribunal Supremo, que fijó como fecha límite el 9 de mayo de 2013.
El tema tiene su origen en una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado Mercantil de Granada ante el TJUE en una demanda de nulidad de cláusula suelo interpuesta por Ausbanc Abogados. En ese sentido, hace quince días, Ausbanc recibió el respaldo de un informe de la Comisión Europea trasladado al TJUE, en el que se muestra a favor de que los bancos paguen con carácter retroactivo el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo en las hipotecas.
En concreto, Bruselas ha trasladado al TJUE un informe que contradice la sentencia del Tribunal Supremo que condenó en mayo de 2013 a tres bancos (BBVA, Cajamar y Abanca) a devolver lo cobrado por las cláusulas suelo de las hipotecas solo desde ese momento. En opinión de la Comisión Europea, las entidades deben reintegrar todo el dinero cobrado por aplicar estas cláusulas desde el inicio del crédito.
Según los cálculos del mercado, hay unas 2,5 millones de hipotecas con estas cláusulas, lo que representaría devolver unos 7.000 euros por cliente, unos 17.000 millones de euros en total. Si a esto le añadimos las hipotecas de BBVA, Cajamar y Abanca, que tendrían que devolver unos 3.000 euros, la cantidad a devolver por la retroactividad reclamada ascendería a unos 20.000 millones de euros.
Si se tuvieran que devolver las cantidades cobradas indebidamente hasta mayo de 2013, es decir, sin retroactividad hasta el momento de firma de la hipoteca, la factura a pagar por la banca ascendería a unos 10.000 millones.
